Vecinos de San Javier llaman a una “pueblada”

Política 12/02/2017 Por
El posible regreso del intendente de San Javier, luego de la licencia que desde el mes de octubre lo alejó de un posible juicio político, puso a la población de este pueblo de Traslasierra en alerta.
San Javier
- Foto: Traslasierra Noticias

Los vecinos de la localidad de San Javier amenazan con realizar una “pueblada” si el intendente Alejandro Bustos, de licencia ante un posible juicio político, pudiera volver a su cargo.

Mediante redes sociales y grupos de whatsapp convocan este domingo a una manifestación frente a la plaza de San Javier, y manifestarse hacia la casa de Bustos y Oscar González, referente político de UPC en la zona,  bajo la consigna “renuncia y elección”.

Vale recordar que ante el riesgo de un inminente juicio político el intendente Alejandro Bustos consensuó un alejamiento voluntario mediante un pedido de licencia de su cargo.

Los vecinos temen que el exfuncionario regrese y de allí el motivo de la movilización.

Vale recordar que tras ocho años de mandato, apenas iniciada su tercera reelección, Bustos debió pedir licencia ante el pedido de juicio político presentado por el concejal Eduardo Ceballos. La lista era enorme: malversación de fondos para la construcción de un polideportivo, la red de aguas, el lamentable estado de la escuela primaria, uso indiscriminado de las movilidades y recursos para combustible de la municipalidad y hasta un tractor desaparecido en la nebulosa de la burocracia.

Más de 100 personas se juntaron en octubre pasado en la plaza de San Javier para gritarles “chorros”, “corruptos”, “delincuentes”, a los miembros del Consejo Deliberante que desestimaron el juicio político, aceptaron la licencia y nombraron como intendente interino al cuarto en la lista de sucesión, el concejal de Unión por Córdoba, Roberto Altamirano (del mismo partido que el intendente).

Los vecinos atribuían la designación de Altamirano a una jugada política del referente de Unión por Córdoba en la zona, el presidente de la legislatura provincial, Oscar González.

Frente a los rumores de que Bustos retomaría el control de la localidad en abril, Altamirano organizó una especie de conferencia de prensa o informe de gestión en el boliche bailable de El Pueblito (poblado cercano a San Javier y parte del ejido municipal). La concurrencia (unas 300 personas) sorprendió a los organizadores. Altamirano mostró su gabinete conformado por jóvenes profesionales nacidos en el pueblo, la mayoría sin experiencia en la gestión pública o la política institucional. También la sorpresa de un “venido”, el secretario de Turismo, Leo Rodríguez.

En tanto el nuevo secretario de Gobierno, Esteban Becerra explicó que “sólo controlando que no se use el combustible para otros usos que no sean los de la municipalidad logramos un ahorro de 20.000 pesos por mes”.

Por su parte Martin García, nuevo secretario de Acción Social denunció que el 40% de los materiales destinados a los planes “vivienda rancho” habían sido utilizados para la campaña, por lo que hubo que recurrir a la provincia para reinstaurar esa línea de crédito, como así también la provisión de medicamentos y pasajes para emergencias y hasta las dotaciones de leche de los programas provinciales que hacía cuatro meses no se recibían.

Después de cerrado el informe y pasando a la rueda de preguntas, lo vecinos comenzaron a mostrar su inquietud por la posible vuelta de Bustos, además de recordarle a Altamirano que él había votado en contra del juicio político, además de ser su ministro de Gobierno. “Si usted va a seguir siendo un empleado de González y la corrupción provincial no nos sirve”, le aclaró un señora. En el recinto además del intendente interino y sus funcionarios, se hallaba el presidente del Consejo Deliberante Adán Dávila (también de Unión por Córdoba), el jefe de bancada de Nuevo Encuentro, Federico Iribarren, y del Pro, Rodrigo Murúa. Dávila, que votó al favor del juicio político, explicó que ese proceso hubiera sido muy engorroso y se aceptó la licencia de Bustos ante la promesa del intendente de no volver al cargo. Dijo que si volvía él se comprometía, no sólo a presentar otro pedido de juicio político sino también una demanda legal. Iribarren, que ya tiene iniciada una demanda legal, explicó que ese es un camino muerto frente a la decidida del poder juidicial de Villa Dolores y la provincia de Córdoba. “Entonces necesitamos una pueblada”, dijo la misma señora que denunció a Gónzalez. El debate se hizo intenso hasta que el intendente interino Altamirano decidió dar por terminada la reunión y pasar a los choripanes. “Y a trabajar”, dijo. Al otro día se creaba el grupo de whatsapp “Pueblada”, que convocó este domingo a una manifestación frente a la plaza de San Javier, la casa de Bustos y González bajo la consigna “renuncia y elección”.

 

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