Tasas y tarifas: buscando una solución política en medio de la crisis

Córdoba 15/05/2018 Por
El sinceramiento de las tarifas y la adecuación de las finanzas de todos los niveles del Estado generaron un cimbronazo en la opinión pública. Ahora es tiempo de acomodar las cargas.

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A fines de abril, el gobierno de Córdoba y varios municipios suscribieron el convenio para acceder al “Fondo Provincial de Financiamiento de Redes Domiciliarias de Gas”, que consiste en un aporte de recursos para la extensión de redes domiciliarias y a modo de contraprestación, los gobiernos locales se comprometieron a no aplicar tasas sobre la factura de gas natural.

Este acto se produjo en medio del tembladeral provocado por las subas de tarifas establecidas por el gobierno nacional y la disputa política motorizada por la oposición para torcer el rumbo del plan de la administración encabezada por Mauricio Macri.

Entre los firmantes del acuerdo con la Provincia aparecen las ciudades más importantes de Córdoba, lo que evidencia el interés que el apoyo financiero provincial puede tener en la resolución de la ecuación política con vistas al próximo año, en el que habrá renovación de autoridades.

En diálogo con La Nueva Mañana, el intendente de San Francisco, Ignacio García Aresca, explicó los alcances del acuerdo con el gobierno provincial y analizó la actual coyuntura, en donde se empieza a jugar también el destino de los cordobeses de cara al recambio institucional del año próximo.

Un caso singular

El aumento de tarifas se produjo en los servicios de electricidad, agua y gas, que son indiscutiblemente esenciales para dar una buena calidad de vida a los habitantes de cada una de las localidades que conforman el territorio cordobés.

En materia de gas, San Francisco tiene la particularidad de tener una empresa subdistribuidora y es propietaria de un gasoducto de 60 km que la provee del combustible. En un principio, allá por los años ’90, el servicio fue concesionado a una empresa privada pero su inacción en cuanto a extender las redes domiciliarias derivó en la creación de la empresa municipal.  Como por efecto de la política del gobierno kirchnerista la tarifa estaba planchada, el municipio tomó la decisión de aplicar una sobretasa que se destinaría para obras.

“Cuando llego el gas a San Francisco, durante el gobierno de Jorge Luis Bucco, las redes abarcaron la zona céntrica, lo que se denomina los cuatro bulevares pero el aporte para traer el gas lo hizo toda la ciudad”, recuerda el intendente de San Francisco, Ignacio García Aresca.

“Después las tarifas no subieron, entonces la empresa que tenía la concesión del servicio no realizaba obras porque era deficitario. Fue así que se formó la empresa Emugas, con participación total del municipio, pero no con un sentido de rentabilidad sino para que sea social y que le de la posibilidad de que al que tiene el gas en ir dándole el seguimiento de toda la red y ampliar la red a otros lugares”, señaló.
Eso hizo que el gobierno municipal subsidiara durante varios años a la empresa. “Como durante todos estos años se fue subsidiando desde el gobierno municipal, ese Fondo de Obras y Servicios fue sirviendo para hacer los cruces de pasos a nivel, la planta repotenciadora que ayuda a que el gas llegue a distintos sectores”, refirió.
“Cuando creció el valor del metro cúbico hizo que el fondo también crezca. Pero todo ese fondo se destina para realizar barrios como Hospital con una inversión de 400 mil pesos, barrio San Francisco con 1.7 millones de pesos y estamos por iniciar barrio La Milka, que es un barrio que lo necesita. Como le decía a los vecinos, hoy tenemos la posibilidad de buscar que lo tengan.”, acotó.

Defendiendo la potestad de cobrar la sobretasa, García Aresca sostuvo: “El objetivo de ese fondo era buscar la igualdad de los que en su momento tuvieron el gas con el aporte de todos los vecinos y qué más claro que los que hoy pagan este fondo para que los que hoy no lo tienen puedan gozarlo en el día de mañana”.
El convenio firmado días atrás establece un fondo de 500 millones de pesos para realizar obras. García Aresca suscribió el convenio al garantizarse que la extensión de la red domiciliaria no se verá afectada y se brindarán mecanismos de financiación para realizar las conexiones en cada hogar. “La tasa tenía un objetivo claro, no se destinaba para déficit ni para Rentas Generales. Entraba a Emugas y se hacían obras”, recalcó.

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La política tarifaria y la política impositiva están en el centro de la escena. Es que los recursos necesarios para financiar los distintos niveles del Estado también forman parte de la lucha por el poder. Y estamos a poco más de un año de un nuevo proceso electoral.

El OIM no se toca

Cuando se conoció la resolución del Ersep sobre la eliminación de la factura de la electricidad de distintos ítems que se cargaban sobre ella, quedó latente la continuidad del cobro de la tasa que cubre el gasto por la iluminación en el espacio público, el alumbrado en las calles. Por estos días se analizan los números finos de cada municipio. El Ersep dio una prórroga hasta agosto, para que en este tiempo se vayan adecuando los cálculos para lograr ese objetivo de clarificar el costo del servicio que se brinda en cada municipio.
“Se estableció un mecanismo para homogeneizar las alícuotas en el que están involucrados los municipios, el Ministerio de Energía y el Ersep. Se está estudiando el costo real de los servicios que se prestan en cada comunidad”, indicó García Aresca. “En esta compensación no puede haber diferencias, tiene que ser compensado con el mismo valor. Por eso, los que tenían mayor porcentaje, esos van a tener que adecuarse al monto que representa el gasto”

Según sostuvo García Aresca, en el caso de la ciudad que gobierna no hay una gran diferencia entre lo que ingresa y lo que se gasta para sostener el alumbrado por lo que auguró que no habrá modificaciones de magnitud en el concepto de tasa aplicada en la factura de la electricidad. “Si yo elimino el OIM de algún lado tengo que sacar para pagarle a EPEC”, advirtió.

El contexto nacional

La crisis financiera del Estado nacional disparó las alarmas en los municipios y provincias. Es que la salida elegida, de recortar el gasto en obra pública tocó un punto sensible. Luego de muchos años en que se ignoró al interior de Córdoba en materia de inversiones en infraestructura, las recientes decisiones provocaron honda preocupación.
Al respecto, el jefe comunal sanfrancisqueño manifestó: “Nosotros tenemos una obra pública que es muy importante, Firmamos convenios para obras muy esperadas. En ese momento, los proyectos estaban fondeados con bonos. La Nación aporta el 70 por ciento de la obra de cloaca máxima. El proyecto de la autopista Ruta 19 también está fondeado. Escuchamos al ministro Frigerio que ratificó la continuidad de proyectos iniciados. En cuanto a Procrear, la empresa que lleva adelante el complejo habitacional sigue trabajando normalmente, realizando las cloacas en el predio en que se construyen 432 viviendas”.
La pelea por la plata y el poder

La política tarifaria y la política impositiva están en el centro de la escena. Es que los recursos necesarios para financiar los distintos niveles del Estado también forman parte de la lucha por el poder. Y estamos a poco más de un año de un nuevo proceso electoral.
En ese contexto, cada escenario es propicio para disputar espacios. En la provincia de Córdoba esto se refleja en discusiones como la promovida por el bloque de intendentes de Cambiemos.
“Córdoba es la única provincia del país que tiene una Mesa Provincia – Municipios donde participamos distintos bloques”, expresó García Aresca, para luego agregar:
“Creemos que hay intereses políticos, porque el intendente de Córdoba, Ramón Mestre, quien lidera el Foro de Intendentes Radicales, hizo apreciaciones sobre la coparticipación y recurrieron a la Justicia a hacerle un pedido a la Provincia por 400 millones. El presidente del CoMuPro, Oscar Tamis, intendente de Oliva, había adelantado que no participaría de esa demanda pero luego lo hizo”

“Nosotros tenemos muy en claro que es el único lugar en que se realiza el federalismo”, resaltó el intendente de San Francisco, destacando que los mecanismos de distribución se aplican tomando los datos poblacionales de las localidades, lo que determina que la ciudad de Córdoba tiene el porcentaje más alto de coparticipación.
García Aresca criticó la postura de sus colegas del oficialismo nacional porque con su reclamo por coparticipación atacan el acuerdo logrado a fines del año pasado entre el gobierno nacional y las provincias. “Respecto al acompañamiento del consenso fiscal no podemos escribir con la mano y borrar con el codo. Nosotros cumplimos con el compromiso, Unión por Córdoba siempre cumple sus compromisos y vamos a seguir de esa forma”, enfatizó.

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