Para Municipio de Carlos Paz, fallo confirma fin del contrato con la Cooperativa

Política 26/09/2016
La Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación se expidió ohy sobre un recurso de amparo presentado por la Cooperativa, oponiéndose al decreto que estatizaba el servicio. El tribunal afirma que la municipalización deberá aprobarse con doble lectura en el Concejo de Representantes.

Mientras el abogado patrocinante de la Cooperativa Integral celebró el fallo que sostiene que “la municipalidad no puede tomar el servicio de agua por decreto”, desde la Municipalidad de Carlos Paz manifestaron que la Cámara avaló con su dictamen el fin de la concesión por parte de la entidad cooperativista. 

"La Cámara dispuso, en primer lugar, rechazar el amparo de la COOPI  en tanto pretendía que se declara inconstitucional, por arbitraria y por exceder sus atribuciones, la decisión del Intendente de formalizar la extinción de la concesión. En segundo lugar, se declararon nulos los artículos del Decreto que disponían el mecanismo para que se produjera el traspaso del servicio, de manos de la COOPI al Municipio, disponiendo que ese procedimiento debe ser realizado mediante Ordenanza", señalaron fuentes municipales esta tarde.

"El servicio jurídico de la Municipalidad se encuentra analizando el texto del extenso fallo, pero corresponde adelantar la satisfacción del gobierno porque se ha dispuesto judicialmente que el vínculo con la COOPI por la concesión del servicio ha concluido... La Cámara ha dispuesto que el Concejo de Representantes deberá encargarse de la tarea de reglamentar, mediante Ordenanza, el procedimiento a seguir para que opere de manera definitiva el traspaso del servicio a la gestión exclusiva del Municipio", aseguraron desde la administración de Esteban Avilés.

Por su parte, desde la Cooperativa recordaron que el recurso de amparo fue presentado el 7 se setiembre presentamos, se le dio rápidamente curso y hoy se obtuvo el fallo sobre "la cuestión de fondo”.

"El intendente no puede de ninguna manera asumir el servicio de agua mediante decreto. Es facultad del Concejo y, para eso, debe aprobar una ordenanza especial con el mecanismo de doble lectura y audiencia pública, y aprobada por mayoría agravada (8 votos)”, aseguró el abogado patrocinante de la prestataria, Miguel Rodríguez Villafañe.

Cabe recordar que según el decreto firmado por el intendente Esteban Avilés el pasado 1 de septiembre, el traspaso del servicio a manos del Estado debía producirse el 14 de octubre.

El tribunal declaró nulos los artículos 2, 3, 4 y 5 del mencionado decreto, en cuanto establecían plazos para que la Municipalidad reasumiera la prestación el servicio. Esto último por considerar que, para que proceda la denominada “municipalización”, hay que cumplir con el procedimiento institucional fijado por la Carta Orgánica, que exige la intervención del Consejo de Representantes y la sanción de una ordenanza en “doble lectura”. 

En la resolución, el vocal Leonardo Massimimo argumentó que el contrato por el que se otorgaba la concesión del servicio a la Coopi fue aprobado –mediante la Ordenanza n.º 3224- en 1998 por el término de diez años. El vencimiento del término original “fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2008 por la Ordenanza 4956” y luego, por otras dos ordenanzas, “hasta el 30 de junio de 2009” y “hasta el 12 de mayo de 2012”, respectivamente.

De acuerdo con el camarista, “La ausencia de instrumento normativo alguno mediante el cual se hubiere prorrogado el contrato de concesión celebrado oportunamente entre las partes pone en evidencia la circunstancia objetiva –no controvertida- de que el plazo de la concesión –y sus prórrogas- se encuentra extinguido; y, como tal, puede ser declarado”, subrayó.

En la misma dirección, el vocal subrayó que “no merece reproche” el artículo 1 del Decreto 466/2016, en cuanto resuelve “hacer operativa la extinción y cese de pleno derecho a la concesión” del servicio de agua potable, concesionado a la Coopi “por cumplimiento y vencimiento del término de contratación”.

Al respecto, recordó a la Coopi que “el Contrato de Concesión de Servicio Público importa, como quedó sentado, una delegación estatal “por cuenta y riesgo propio del concesionario” y por un lapso determinado de tiempo, circunstancias éstas que la accionante en ningún momento pudo desconocer al asumir la prestación, ya que ello hace a la esencia de la actividad a su cargo. Si no lo preveía, más aún cuando el plazo de concesión feneció el 12/05/12 (con sus prórrogas), las consecuencias de tal conducta sólo son a ella atribuibles y de ningún modo a la Municipalidad”.

Por otra parte, el camarista remarcó que “el municipio es el único titular del servicio de agua potable y que, en ese carácter, puede prestar el servicio por sí o, en su caso, delegar la prestación a un tercero mediante la técnica de la concesión de servicio público”. No obstante, aclaró que para “municipalizar” el servicio (es decir, para que el municipio asuma por sí la gestión del servicio), como lo pretendía el Decreto 466/16, hay que cumplir previamente con el artículo 134 de la Carta Orgánica municipal, que exige la intervención del Consejo de Representantes y la aprobación de tal decisión mediante una ordenanza sancionada tras una doble lectura.

En definitiva, la Cámara resaltó que, en este caso, el procedimiento de la “doble lectura” apunta a “dotar al trámite de la transferencia de la gestión del servicio público al municipio de la debida participación y deliberación ciudadanas”. Esto, hasta el punto de que, en un reciente pronunciamiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación puntualizó que “la participación de los interesados de manera previa a la toma de la decisión pública vinculada a la prestación de los servicios resulta un derecho operativo que resulta de manera directa del art. 42 de la Constitución Nacional”

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