“Hay una injerencia directa del Gobierno en la Justicia”

Política 09/04/2018 Por
Así lo señaló la ex presidenta de Justicia Legítima María Laura Garrigós de Rébori en diálogo con LNM, al evaluar la relación del gobierno de Macri con el Poder Judicial.
Ilustra LNM GOB Y JUSTICIA
Ilustración: Daniel "Pito" Campos

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Por: Daniel Salazar - Especial La Nueva Mañana - Redacción Buenos Aires

Desde que llegó al poder el gobierno de Cambiemos, a través del propio presidente Macri o de funcionarios de alto rango, se dejaron muchas huellas que parecen aspirar a un Poder Judicial que les responda sin fisuras.

A las sospechas de la connivencia con un sector de la Justicia y con la mayoría de los grandes medios de comunicación para impulsar sistemáticamente causas de corrupción contra dirigentes opositores de la anterior gestión (que dicho sea de paso se van cayendo una tras otra: las cuentas ocultas en el exterior de Nilda Garré y Máximo Kirchner, las mentiras de la ex secretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, sobre los bolsos con dinero en la Casa Rosada, el falso testimonio de la principal testigo del caso, Laura Muñoz, sobre la estrecha amistad y la actuación de testaferro de su ex marido Alejandro Vandenbroele con Amado Boudou, el sobreseimiento de Julio De Vido en la causa de compra de gas licuado, el también sobreseimiento de Guillermo Moreno por la manipulación de los datos del Indec, la caída de la imputación de “traición a la patria” a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero ninguna se vio reflejada con la misma magnitud en los grandes medios de comunicación del país), a esas sospechas hay que sumarles las peleas intestinas que enfrentan permanentemente a la diputada Elisa Carrió con los operadores judiciales del Gobierno, por caso Daniel Angelici y con los titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Asimismo, hay que mencionar las visitas permanentes del ministro de Justicia, Germán Garavano, a la Corte Suprema de Justicia cada vez que el máximo tribunal tenía que dirimir un caso sensible para el Gobierno y los varios cortocircuitos entre Macri y Ricardo Lorenzetti, por caso el último debido al cambio de tribunal, el designado era adicto al Gobierno, que deberá juzgar a Cristina Kirchner por el presunto encubrimiento del atentado a la Amia por el memorándum con Irán y por el supuesto direccionamiento de la obra pública.

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María Laura Garrigós de Rébori

Pero más acá en el tiempo, las presiones del Gobierno sobre la Justicia se vieron reflejadas en el ataque directo del jefe de Estado al fuero del Trabajo porteño cuando tildó de “jefe de la mafia” al principal referente del trabajo del país, el ex diputado Héctor Recalde, y ahora, cuando se encargó de manifestar públicamente su “indignación” por el fallo de la Cámara Federal que excarceló a Cristóbal López, pero sobre todo por el cambio de carátula que hizo pasar la imputación de defraudación al Estado a evasión.

Para hablar de estos temas en una entrevista sin desperdicios con La Nueva Mañana, la actual secretaria de Justicia Legítima -no puede seguir un periodo continuado más como presidenta y ex jueza de la Cámara de Casación Penal de la Ciudad de Buenos Aires (renunció para jubilarse esta semana) María Laura Garrigós de Rébori desnudó la relación del Gobierno con un sector de la Justicia y los riesgos que conlleva su dependencia del poder político.

-¿Hay injerencia del Gobierno de Macri en el Poder Judicial?
-Siempre los poderes ejecutivos han pretendido incidir en el judicial, porque el judicial es el que extiende la balanza y puede inclinar las cosas a favor o en contra del Ejecutivo. Pero yo diría que desde hace un tiempo, sobre todo después de lo que se vio a partir de cómo empezó a funcionar el Poder Judicial en materia de amparos, a propósito de la ley de medios durante el gobierno anterior, las organizaciones políticas y mediáticas entonces opositoras advirtieron que el Poder Judicial era una herramienta muy valiosa, muy útil y poco costosa, para obtener los resultados deseados. Porque sin necesidad de tener votos y sin necesidad de ofrecer intercambios políticos como en el seno del legislativo que tiene su costo, se conseguían frenar las medidas del gobierno que no compartían a través de la acción judicial, con una medida cautelar era suficiente.

“Las organizaciones políticas y mediáticas -entonces opositoras- advirtieron que el Poder Judicial era una herramienta muy valiosa, muy útil y poco costosa, para obtener los resultados deseados”.

-Los mismos poderes que actuaban antes con medidas cautelares, ¿ahora lo hacen con una participación más directa sobre la Justicia?
-Sí, con el agravante de que a partir del nuevo gobierno en lugar de las medidas cautelares proliferaron las denuncias de corrupción contra los adversarios políticos, porque con una denuncia de corrupción, que eventualmente se podrá comprobar o no, el trámite entretanto es suficiente como para desbancarlo del lugar en el que está. Pero lo que digo es que además de la injerencia directa del Gobierno hay también una proclividad de ciertos fueros, de ciertos miembros del Poder Judicial, de adecuar su tarea a las pretensiones del Ejecutivo o también a las pretensiones mediáticas, tanto como para dar un título cada semana, sobre todo si es posible para los viernes, y antes no se veía de esta forma. La relación entre el poder político, el judicial y los medios antes prácticamente era inexistente y hoy hay casi una comunión. Esto no lo digo por lo que pasa en la Argentina solamente, mire lo que pasa en Brasil, por ejemplo. Para perseguir a Lula Da Silva se eligió una causa que es de dudosa prueba; en realidad no hay ninguna prueba directa que lo vincule con la corrupción, de hecho en su resolución el juez (Sergio) Moro dice “no tengo prueba pero sí fuertes sospechas”. No hay ninguna prueba directa, meras sospechas y con eso lo condenan. ¿Pero por qué eligen esa causa? Porque es la única causa que dado el estadío procesal en el que estaba les permitía obtener una resolución antes del trámite electoral para las candidaturas presidenciales; llegar a tiempo para entorpecer los tiempos electorales en Brasil era el objetivo.

-¿En ese marco inscribe las críticas del Gobierno nacional a los fallos judiciales?
-Hay muchas lecturas para hacer sobre eso. Obviamente, el ministro Garavano tiene un plan que se llama Justicia 2020 que trata de llevarlo adelante pero sin mayores éxitos hasta ahora, no ha logrado tanto como pretendía. Por otro lado, lo tiene al Presidente de la Nación hablando públicamente de los fallos; me parece con notoria falta de asesoramiento y un exceso de ingenuidad respecto de lo que está pasando en estas resoluciones, porque salir a alentar comportamientos como el del señor (Luis) Chocobar, que después termina imputado, o quejarse por una resolución de la Cámara Federal porteña en el caso de (Cristobal) López, que lo que hace es confirmar un procesamiento, como si estuvieran absolviendo a alguien cuando es todo lo contrario, están confirmando un procesamiento, parece como que el Presidente está mal asesorado o maneja un discurso de un nivel del lego absoluto. Es cierto que Macri es ingeniero pero su obligación es estar informado. Ahora, si es cierto como dijo el diario Clarín que el jefe de la Side (Gustavo Arribas) compareció al despacho de uno de los jueces (Jorge Ballestero) que tenía que resolver (en el caso del Grupo Indalo) para que no resuelva en el sentido que el juez resolvió (votar a favor del cambio de carátula y de las excarcelaciones de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Souza), si eso es cierto es grave.

-Al gobierno anterior lo criticaron por haber querido reformar el Poder Judicial como una forma de controlarlo. ¿Hubo intromisión en la justicia como dice que lo hace el Gobierno actual?
-También lo debe haber tenido, no lo puedo certificar porque no fue tan expuesto como es ahora. Ahora la intromisión es tremenda. Actualmente hay caracterizados operadores que desembozadamente se presentan en los despachos de los jueces queriendo influir en tal o en cual resolución. Esto tan evidente, yo no lo había visto antes y tengo 40 años de trabajar en la Justicia.

“Además de la injerencia directa del Gobierno hay también una proclividad de ciertos fueros, de ciertos miembros del Poder Judicial, de adecuar su tarea a las pretensiones del Ejecutivo”

-¿Qué opina sobre los cambios en la doctrina de las prisiones preventivas?
-Es que no es un cambio, lo habitual, lo normal es que una persona llegue el juicio en libertad. Y la detención preventiva solo debe existir si el juez piensa que la persona se va a fugar o que puede entorpecer la posibilidad de juntar las pruebas necesarias, pero si no lo habitual es que la gente llegue al juicio en libertad, porque el Estado solo tiene derecho de privarlo de su libertad cuando hay una sentencia condenatoria por un delito dictada en un juicio. Y esto lo dice nuestra Constitución Nacional.

-¿Qué es lo que más le preocupa de la actitud del Gobierno en su relación con el Poder Judicial?
-A mí no me preocupa lo que haga el Gobierno actual, a mí me preocupa la Justicia, que la Justicia no pueda resistir los embates del Ejecutivo y no tenga capacidad para actuar transparentemente y eludir este tipo de presiones. Si la Justicia pudiera exhibir un cumplimiento de su tarea correctísimo nadie podría venir a presionar. Yo creo por eso que hay que pensar en una reforma muy importante del Poder Judicial.

“Hay caracterizados operadores del Gobierno que se presentan en los despachos de los jueces queriendo influir en tal o en cual resolución. Esto tan evidente, yo no lo había visto antes y tengo 40 años de trabajar en la Justicia”.

-¿Cuáles serían los puntos centrales de esa reforma?
-En principio, la agenda de los jueces es algo en lo que hay que empezar a pensar. ¿Quién maneja la agenda , quién dice qué se resuelve hoy, qué se resuelve mañana? Porque no puede ser que eso quede librado a alguna decisión arbitraria, eso tendría que tener un orden irreductible porque es cierto que no se puede abarcar a lo mejor toda la tarea y que entonces conviene hacer lo que se puede y se avanza con determinadas causas. Pero eso permite que se elija hoy hago esto y esto lo dejo para mañana; esa decisión no debería depender exclusivamente de los jueces, deberían tener un orden y una transparencia que todos pudiéramos conocer. En segundo lugar diría que los jueces tendrían que poder exhibir su gestión y decir bueno me entró tanto trabajo saqué tanto trabajo, porque eso no se sabe. No se sabe cuál es la performance adecuada de un juez, qué capacidad de trabajo tiene un órgano judicial, lo razonable es que un juez saque tantas sentencias al año, si le entra el doble de ese nivel de trabajo no va a poder rendir. Entonces hay que reestructurar o trabajamos de otra manera o ponemos más tribunales.  

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