Tarifa eléctrica: cuando la política metió los dedos en el enchufe

Política 09/04/2018 Por
La resolución del Ersep por la facturación de los servicios de cooperativas deja un flanco no explorado: que va desde la disputa entre vecinos hasta el debate por la jerarquía de las normas.
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El pasado 22 marzo las cooperativas de servicios públicos de Córdoba se manifestaron en el centro de la ciudad. - Foto: Gentileza Andy Ferreyra

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Por: Miguel Ángel Perin - [email protected]

En julio del año pasado, La Nueva Mañana incursionaba en el tema de las tarifas eléctricas. En aquella ocasión se reflejaban declaraciones del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, en las que se responsabilizaba por las tarifas que deben pagar los cordobeses a la injusta aplicación de subsidios en otras partes del territorio nacional y a la incidencia de las cooperativas. Textualmente, el jefe de Estado cordobés declaraba a medios periodísticos: “La verdad, lo que precisamos en Córdoba es cambiar el sistema de regulación porque hay cosas que son inconcebibles”.

Schiaretti expresaba su anhelo de que las tarifas fueran accesibles para los usuarios y que, ante diferencias regionales fueran “por las distancias, por las líneas que hay que hacer, pero no porque se financien a través de la luz otras cosas”.

El tiempo pasó y en febrero el Ersep sorprendió a la comunidad cordobesa con una resolución que provocó un cimbronazo de que dejó consecuencias insospechadas.

La discusión por el precio de la energía golpeó duro en muchas localidades del interior, llevando a esos ámbitos la marca distintiva de la política argentina: la “grieta”, la división, el enfrentamiento, sin entrar a analizar si ello tenía que ver con la realidad de cada lugar.

Hablar hoy con dirigentes cooperativistas es recoger el testimonio sobre situaciones enojosas que quizás nunca antes se hubieran planteado. La reacción de los vecinos ante los aumentos de la tarifa, más el impacto de las nuevas reglas de facturación del servicio generaron discusiones cuerpo a cuerpo, literalmente.

Entre las declaraciones de Schiaretti en el mes de julio y la resolución del Ersep pasaron cosas no menores, como por ejemplo la firma del acuerdo fiscal suscripto entre el Gobierno nacional y las provincias.
Como otra derivación de las medidas aplicadas por el Estado provincial a través del Ente que controla los servicios públicos también fueron tocadas las sobretasas que aplican los municipios sobre la factura del servicio eléctrico.

Todas estas cuestiones ameritan revisar el pasado reciente para comprender por qué se llego a esta situación.

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Juan Schiaretti

Marco regulatorio cuestionado

El gobierno provincial tomó nuevamente la iniciativa política y expuso ante la ciudadanía un cuerpo de medidas que podrían entrar en vigencia en el segundo semestre del año, tras ser aprobado por la Legislatura.

El proyecto de marco regulatorio establece una tarifa testigo para todo el territorio provincial y la posibilidad de implementar un fondo compensador que atienda asimetrías regionales que impactan en los costos de distribución.

En la presentación, Schiaretti admitió que en el contexto actual abre un ciclo de replanteo respecto a la regulación del servicio eléctrico.

El legislador del Interbloque Cambiemos Juan Pablo Quintero, emitió algunos comentarios sobre el marco regulatorio promovido por el gobierno provincial.

Con fuertes críticas a esa medida, Quinteros afirmó que el gobierno provincial sigue priorizando a EPEC como empresa ante los usuarios y el sector cooperativo.

La discusión por el precio de la energía golpeó duro en muchas localidades del interior, llevando la marca distintiva de la política argentina: la “grieta”, sin analizar si ello tenía que ver con la realidad de cada lugar.

Además advirtió que en los albores de la gestión de Unión por Córdoba se intentó incorporar el capital privado a la empresa pero las circunstancias políticamente desfavorables del momento hicieron que algunas normas quedaran sin aplicación.

Ante la situación de 2018, la administración provincial reactualizó algunas de esas medidas para afrontar el panorama actual.

“La realidad es que la EPEC es completamente ineficiente e hizo ineficiente a todo el sector al cobrar a las cooperativas una tarifa de transporte muy superior que la que paga EPEC distribuidora”, sostuvo Quinteros.
Yendo al hueso, el legislador del Frente Cívico sentenció: “De este modo vamos a seguir teniendo el servicio más caro del país, pero pagando todos los cordobeses para mantener vivas las ineficiencias, que van a continuar porque no se ataca el fondo de la cuestión que es el descalabro financiero de EPEC”.

Cuestión de interpretación

La aplicación de las normas del Ersep derivó también a una discusión en el plano jurídico. Es que surgieron dudas sobre la legalidad de las medidas que se conocieron en febrero, referidas al mecanismo de facturación del servicio eléctrico y las sobretasas municipales que se adicionaron a la boleta de la electricidad. La discrepancia se centra en establecer la preeminencia de una ordenanza municipal por encima de una resolución de un ente de control. La determinación que pueda surgir de este diferendo puede modificar claramente el panorama y probablemente derive en una solución política a la cuestión.

Por lo pronto, desde las cooperativas se advierte a los usuarios que reciben el servicio que las facturas que se están distribuyendo corresponden a los consumos y servicios del mes de marzo, aclarando que la resolución del Ersep que establece que los servicios brindados por esas entidades deberán facturarse por separado o al menos en un sistema de troquelado que marque una distinción entre lo que es puramente el servicio eléctrico y las otras prestaciones que se brindan a los usuarios.

La década del ninguneo

Fuera de la discusión por el precio real de la electricidad, bien vale adentrarse en lo que pasó en muchas localidades del interior provincial que sufrieron las consecuencias de la disputa política entre el gobierno nacional y el provincial en la “era kirchnerista”.

Más allá de las floridas páginas llenadas con inquebrantable vocación militante por voces afines al gobierno que terminó en 2015, la realidad muestra que hubo premeditación y alevosía en el manejo discrecional de la obra pública destinada a la provincia de Córdoba. Además, resulta imprescindible recordar que la discrecionalidad se aplicó también a la política de subsidios que desnaturalizaron los precios de los servicios públicos, generando un atraso que hoy se refleja en los sucesivos tragos amargos que el actual gobierno hace pasar a la ciudadanía con su plan “gradual”.

Respecto a la medida referida a las sobretasas aplicadas por municipios, también se debe recordar que el corte del flujo de recursos para encarar obras de infraestructura básica aplicado por la anterior gestión nacional provocó la búsqueda de una salida imprescindible para los municipios, agobiados por la imposibilidad de solucionar las demandas propias de cada localidad.

Fue así que, de tanto peregrinar por despachos gubernamentales en Buenos Aires, de tanto practicar el besamanos con caciques regionales, de tanto expediente armado buscando el financiamiento para redes cloacales, pavimento, cordón cuneta, provisión de agua potable, redes de gas natural, el recurso que apareció para salir de la encrucijada fue tocarle el bolsillo al vecino a través de imposiciones extra.
Este accionar de los municipios contó con el “siga, siga” del gobierno provincial, enfrascado en un juego de poder interminable.

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Juan Pablo Quinteros

Ser o no ser, tal vez parecer

“Está claro que se termina la energía barata en Argentina, esto nos exige a los cordobeses tomar las medidas para que la energía se use racionalmente, para que llegue a cada rincón de la provincia y para que tenga como mínimo el mismo precio que en otros lados del país”, dijo el gobernador Schiaretti al presentar el marco regulatorio.

De esas palabras se desprende que no hay vuelta atrás y que el sinceramiento del precio de la electricidad ya no está en discusión.
Adecuando el discurso a las circunstancias, el gobierno provincial expresó su deseo de que los cordobeses “no tengamos la energía más cara por ineficiencias del sistema de prestación”.
Las jugadas planteadas desde el gobierno pareciera que buscan cargar esa “ineficiencia” al sistema cooperativo que distribuye localmente la energía. Curiosamente, desde el sector cooperativo se recuerda que ellos cubren las “ineficiencias” del Estado en muchos otros ámbitos y se plantan en el reclamo de un cuadro tarifario equitativo.

Todo lo dicho hasta ahora va por fuera de lo que es la empresa prestadora del servicio eléctrico. Queda la incógnita respecto a si la mentada “ineficiencia” también se la buscará desterrar de esa monumental estructura.  

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