Reflexiones sobre la inseguridad ante el delito

Opinión 13/12/2016 Por
En la sociedad actual existe una profunda y desagradable sensación de desamparo, impotencia y temor.
Miguel-Julio-Rodríguez-Villafañe
Miguel Julio Rodríguez Villafañe

Desamparo, por un Estado que se lo quiere reformado y eficaz, pero no retraído, ausente e insensible ante los requerimientos esenciales de su pueblo.

Impotencia, ante los problemas que la desbordan -desempleo, pobreza, inflación, recesión, ancianidad y niñez desatendida, corrupción en el Estado, inseguridad ante el delito y tantos otros-.

Temor, fundamentalmente, ante un futuro que no se puede vislumbrar de manera positiva.

Por si fuera poco, en medio de todas esas vivencias, opera casi de manera instintiva un “sálvese quien pueda”, que agudiza el cuadro de situación y tiende a generar salidas individuales, por sobre la búsqueda de soluciones integrales y solidarias.

No es el caso de este artículo profundizar toda la temática sugerida, pero sí poder detenernos en uno de los aspectos señalados como disparadores de vivencias negativas, cual es la inseguridad que se genera por la violencia delictiva que hiere y preocupa a la comunidad.

 El Estado y el delito

El delito cotidiano produce en la población una primera reacción defensiva, por lo que se tiende a proponer acciones inmediatas de naturaleza, particularmente, represiva y punitiva, pero solo a partir de la óptica de las consecuencias, sin reparar demasiado en las causas que estructuralmente generan, en gran medida, las actitudes delictivas.

Resulta difícil imaginarse una disminución significativa de los asaltos, de la rapiña callejera, de los robos domiciliarios, etcétera, si no se trata de encarar soluciones superadoras al contexto de escasa oferta de trabajo, de las malas remuneraciones, de extrema pobreza, de una inadecuada educación en contra de la violencia y de una falta de convicción y eficiencia en la lucha contra el alcoholismo y la drogadicción.

Asimismo, la posibilidad de ser víctima de delitos divide a la sociedad, porque dada la problemática, hay sectores que pueden defenderse con mayor eficacia que otros. Los que tienen posibilidades económicas pueden arbitrar mejores soluciones para custodiar su patrimonio y su integridad física. Para ello cuentan con custodia para entrar y salir de la casa, pagan costosos sistemas de alarmas, mantienen un buen perro, habilitan cámaras de vigilancia, abonan la cooperadora policial, tienen seguros por robos, contratan control satelital del desplazamiento de vehículo o personas, etc. Lo que aumenta la brecha respecto de quienes no pueden pagar para acceder a dichos resguardos.

Nos tiene que doler saber que los robos, muertes y violaciones en las villas miseria o en los asentamientos marginales, son delitos impunes en los hechos, porque el Estado, prácticamente, no los previene, ni toma las denuncias, ni investiga y menos los juzga.

Además, los costos extras en seguridad que se tienen que asumir, implican, en sí mismos, una nueva carga fiscal injusta, por un servicio que el Estado debe cubrir, en forma debida a todos, porque ya se abonó con los impuestos.

 

Defensa o venganza

Por su parte, en el desconcierto que trae el miedo y la inseguridad ante el delito, es difícil que se distingan acciones racionales de protección ante un peligro, con reacciones irracionales de venganza.

Muchas veces, en la psicosis colectiva que se apodera de la ciudadanía, se confunde con facilidad la legítima defensa -aceptada y justificada legal y moralmente- con el ejercicio de justicia por mano propia.

En una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos es inaceptable que se justifique ejercer justicia por mano propia, habilitar el gatillo fácil policial o lichamientos colectivos. Solo la persecución del delito, ejercida desde la ley y por quien está autorizado para ello, respetando los derechos de todos, es el signo de civilización que nos permite diferenciarnos de la barbarie.

Mientras tanto el Estado, tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y proponer planes adecuados y constantes de prevención y represión del delito y no limitarse, las más de las veces, sólo a deslindar responsabilidades. Es necesario un enfoque integral del tema. Los verdaderos problemas del delito organizado siguen sin encararse plenamente.

Falta mucho todavía por hacer, pero es evidente que solo desde el diálogo, con una comunidad consciente de sus deberes y sus obligaciones en la problemática, con una Policía profesional, equipada y prestigiada -en la calidad de sus hombres y mujeres-, con reconocimiento social y económico por su tarea- y una Justicia eficaz y expeditiva desde la ley, se podrá pensar en mañanas mejores, que permitan, sin ingenuidades pero con esperanza, superar la desconfianza y la inseguridad instalada ante el delito. Eso nos hará ser más y superar los miedos.

(* ) Miguel Julio RODRÍGUEZ VILLAFAÑE es Abogado constitucionalista y periodista

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