Luz verde para el megadecreto del presidente Macri

Córdoba 15/02/2018 Por
El Poder Ejecutivo consiguió en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo el primer paso para lograr la validez del polémico DNU con el que anuló 19 leyes y modificó sustancialmente otras 140.
Naidenoff
El mes pasado salió a la luz el megadecreto de Necesidad y Urgencia 27/2018, con el que Macri anuló 19 leyes y modificó sustancialmente otras 140.

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Por: Daniel Salazar - Especial La Nueva Mañana - Redacción Buenos Aires

Desde que asumió el gobierno, Mauricio Macri instauró como un modus operandi una forma de ejercer el poder en algunos casos alejado del Congreso y de las leyes vía Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), basado en la fórmula de “prueba - error” que usa para la mayoría de los proyectos relevantes que quiere imponer, pero que después vuelve atrás según sea la magnitud de la reacción de sus adversarios.

Esta técnica, la utilizó por primera vez en el receso estival del inicio de su gestión en 2016, cuando produjo un cimbronazo al designar por decreto “en Comisión”, ni más ni menos, que a dos nuevos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Carlos Rozenkrantz y Horacio Rosatti. No obstante, la osadía no duró nada. Con clara minoría en el Congreso y con la advertencia del titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, el Presidente retrocedió sobre sus pasos y envió los pliegos al Senado para que sean nombrados como manda la Carta Magna. También sobre el final de ese verano repitió la maniobra cuando intentó imponer por fuera de la ley un brutal tarifazo a los servicios de gas y electricidad, que fue rechazado por los sectores opositores primero y en última instancia por el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación.

El receso del año siguiente no fue la excepción. Corrían los primeros días de febrero de 2017 cuando estalló el escándalo que involucró al propio mandatario nacional luego de que la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, echó por tierra un acuerdo, gestado en el entonces Ministerio de Comunicación que presidía el cordobés Oscar Aguad, entre el Correo Argentino S.A. y el Estado Nacional, en el que se perdonaba una deuda de 70.000 millones de pesos que beneficiaba al Presidente y a su familia.

Poco antes, sobre el final del mes de enero de aquel año, el Poder Ejecutivo, apelando a otro DNU, modificó la Ley de ART (Aseguradoras de Riesgo del Trabajo), sin esperar que el proyecto que había obtenido media sanción en el Senado sea convertido en ley en la Cámara Baja, con el pretexto de apurar la vigencia del nuevo sistema. No obstante, fiel a su estilo, tres semanas después el Gobierno dio marcha atrás y convocó a sesiones extraordinarias y la Cámara de Diputados aprobó finalmente por amplia mayoría el proyecto que modificó el sistema de ART. También intentó en esa época modificar sin éxito, mediante una simple resolución de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la ley de cálculo de movilidad de las Prestaciones Previsionales, pero que sirvió de globo de ensayo para la modificación que finalmente, a través de la Ley de Reforma Previsional, terminó aprobando a fin del año pasado el Congreso Nacional.

El Decretazo
Asimismo, el Gobierno aplicó la misma metodología en igual período de este año. El mes pasado, mientras gozaba de unas distendidas vacaciones en Villa La Angostura, el presidente Macri tomó otra vez la decisión de evitar el Congreso y gobernar por decreto. Con la publicación firmada por el presidente primero y con el envió al Congreso después, para el tratamiento en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, salió a la luz el megadecreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 27/2018 compuesto de 192 artículos, con el que anuló nada menos que 19 leyes y modificó sustancialmente otras 140.

Nuevamente, aún en medio del receso del Congreso, la reacción de la oposición no tardó en llegar. Es que el DNU que el Gobierno denominó como “desburocratización y desregulación del Estado” avanza sobre el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional que establece que “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia.”

De esta forma, las fuerzas opositoras reclaman que el decretazo avasalla las atribuciones exclusivas del Congreso, en materia penal y tributaria y la “ausencia de necesidad y urgencia” para dictar el DNU; y entre los principales puntos perjudiciales señalan los derechos constitucionales como la “inembargabilidad” del salario, facilitado por la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo que permite embargar la cuenta sueldo de los trabajadores; la habilitación a la Anses para que pueda operar, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que sostiene todo el sistema previsional argentino, en el mercado financiero y bursátil. Además, faculta a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) a evadir la competencia judicial de los fiscales, reduce las multas por infracciones laborales a las empresas y acorta los tiempos de hacer públicas las licitaciones a las que convoque el Estado y también deroga la Ley de Abastecimiento, dictada en 1952.

Tal fue la sorpresa y el apuro de la decisión presidencial que no tuvo en cuenta que con el recambio legislativo del 10 de diciembre aún no están formalmente constituidas todas las comisiones permanentes y especiales de ambas cámaras del Congreso, como era el caso de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que se dedica a tratar los decretos que emanan del Poder Ejecutivo Nacional, que tuvo que conformarse de urgencia en pleno receso parlamentario.

Durante enero, el oficialismo se movió rápido y ubicó a la mitad de los 16 integrantes de la comisión bicameral que le corresponden y se aseguró la presidencia con el formoseño Luis Naidenoff, jefe del interbloque de Cambiemos en el Senado, que será el encargado de desempatar las decisiones del cuerpo. La oposición, dividida en tres, ocupó los 8 lugares restantes.

La estrategia oficial
Las duras críticas de la oposición que incluyeron una presentación por inconstitucionalidad en la Justicia por la magnitud del alcance del instrumento, motivaron que el oficialismo articule una estrategia parlamentaria para sostener la validez del Decreto. En primer lugar, cumpliendo con los plazos legales el oficialismo convocó el martes pasado a la Comisión legislativa para el tratamiento del DNU de “desburocratización y desregulación del Estado” y obtuvo el dictamen de validez. De esta forma, el oficialismo desterró toda posibilidad de frenar el avance presidencial sobre más de un centenar de leyes.

Además de Naidenoff, que como presidente desempató, firmaron el dictamen de validez del DNU los senadores Silvia Giacoppo y Pedro Braillard Poccard y los diputados Pablo Tonelli, Fernando Iglesias, Ezequiel Langan, Martín Hernández y Luis Petri, todos de Cambiemos.
En tanto, por la invalidez se pronunciaron los 8 integrantes de la oposición, los senadores María Teresa González, Daniel Lovera (Argentina Federal), Anabel Fernández Sagasti (FpV-PJ) y Cristina Fiore Viñuales (Pares) y los diputados Pablo Kosiner (Justicialista-Argentina Federal), Marcos Cleri y Máximo Kirchner (FpV-PJ).

Con el DNU vigente, sólo puede ser derogado cuando las dos cámaras del Congreso lo rechazan, el Gobierno abrirá discusiones en privado hasta que comience el Período Ordinario el 1° de marzo con miras a buscar consensos para respaldar el decreto cuando sea tratado en el recinto de sesiones, confiaron a LA NUEVA MAÑANA fuentes parlamentarias oficiales.
No obstante, por las dudas, ante el ajustadísimo número con el que logró validar el decreto y lejos del quórum propio y de la mayoría en ambas cámaras del Congreso, el oficialismo prepara un Plan B para mantener sus alcances.

En este sentido, según lo adelantó el mismo presidente de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, en un claro guiño a la oposición más dialoguista, el Poder Ejecutivo enviará tres proyectos de ley para discutir en un trámite ordinario las amplias reformas que contiene el polémico decreto.“Vamos a presentar tres proyectos de ley que involucran cada uno de los capítulos que son materia de este DNU”, dijo Naidenoff en la reunión del martes. Aunque el arco opositor le provocaría un duro revés si ratifica en los recintos de ambas Cámaras del Parlamente sus duros pronunciamientos vertidos por el rechazo.

Opiniones cordobesas

Sólo diputados nacionales de la oposición que representan a Córdoba en el Parlamento Nacional que fueron requeridos por LA NUEVA MAÑANA accedieron a opinar sobre el decretazo del presidente Macri.
De esta manera, Juan Brügge, de Córdoba Federal, integrante del interbloque Argentina Federal, dijo que “el interbloque tiene una postura crítica sobre el decreto. Entendemos que no había necesidad ni urgencia para que el Presidente lo dictara ya que no había ningún tipo de impedimento para que convocara al Congreso a sesiones extraordinarias”.

Además el diputado, tras cuestionar varios aspectos del alcance del DNU, consideró que “sería bueno como anunciaron miembros del PRO que mandarán a la Cámara diferentes leyes con los contenidos del decreto para que los podamos debatir en profundidad como corresponde”. También Brügge cuestionó “seguir con este criterio del Gobierno de prueba-error no es bueno para el sistema democrático, hoy se puede planificar y hay niveles de diálogo para discutir y llegar a consensos”.

Por su parte, Pablo Carro del FpV-PJ ratificó la decisión del bloque de rechazar el decreto “no sólo en términos generales porque es inconstitucional, avasalla al Congreso y pierde el objeto de los decretos de necesidad y urgencia y después en concreto provoca modificaciones que son perjudiciales para la ciudadanía”. En este sentido, cuestionó la posibilidad de “embargar las cuentas sueldo” de los trabajadores y la posibilidad “de que se puedan hacer negocios de timba financiera” con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, entre otros aspectos que señaló.

Por otra parte, Carro criticó la decisión del Presidente de evadir el Congreso “eso tiene que ver con que internamente saben que muchas de las cosas que contiene el decreto no pasarían si hay que votarlas” y evaluó que “hay posibilidades de rechazar todavía el DNU” si el Gobierno envía en el formato de distintas leyes su contenido al Parlamento.

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