Las zonas grises que nos dejó la Constitución nacional

Política 28/12/2017 Por
Como sucede en muchos otros temas, la Carta Magna garantiza mecanismos de destitución de funcionarios políticos que están al alcance de cualquier ciudadano, pero también ofrece cerrojos que pueden imposibilitarlos.

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Para abordar la figura de juicio político, uno de los elementos que garantizan la división de poderes, y por ende la democracia, hay que remitirse a sus antecedentes históricos y políticos para entenderlo en su justa dimensión.

Para el ex juez de la Corte Suprema de la Nación Eugenio Zafaroni, reconocido jurista, y Guido Riso, profesor de Derecho Constitucional y Derecho Político y doctor en Ciencias Jurídicas, el derecho indiano conoció en todo el imperio colonial español el llamado juicio de residencia, que consistía en una investigación judicial sobre el desempeño de los oficios de virreyes, gobernadores y otros magistrados cuando concluían sus funciones, fundado en el principio de responsabilidad propio a toda función de gobierno.
Los primeros estatutos constitucionales argentinos mantuvieron el juicio de residencia hasta que las Constituciones de 1819 y 1826 establecieron el juicio político fundado en el régimen de unidad para funcionarios nacionales y provinciales, principio que -contra el Consejo de la Comisión Redactora- aceptó la Constitución de 1853.

Dada esa característica, la Constitución de 1853 incluía como sujetos pasivos de este proceso de remoción al presidente, vicepresidente y ministros, miembros de ambas cámaras del Congreso, a los integrantes de la Corte Suprema y también a los gobernadores de las provincias de la entonces Confederación. Siete años más tarde, la reforma de 1860 -que para algunos autores fue el cierre del ciclo constituyente- excluyó a los legisladores y gobernadores y agregó a los jueces de instancias diferentes a la Corte Suprema.
De este modo aportó el sentido federal y jurídico al instituto del impeachment de origen inglés en su versión tamizada por la Constitución de los Estados Unidos. Ambos textos mantienen vigencia, pues no fueron alterados en la reforma constitucional de 1994, cambiando sólo su numeración (actuales artículos 59 y 60).

Para abordar la figura de juicio político, uno de los elementos que garantizan la división de poderes, y por ende la democracia, hay que remitirse a sus antecedentes históricos y políticos para entenderlo en su justa dimensión.

En Gran Bretaña, el impeachment operaba como una suerte de jurisdicción parlamentaria, surgida como afirmación de los poderes del Parlamento frente a la Corona. La Cámara de los Comunes se atribuyó la facultad de acusar a ministros y funcionarios del reino ante la Cámara de los Lores, que no sólo destituía al funcionario sino que también aplicaba penas, incluso la de muerte. El Parlamento británico ejerce poder constituyente y en definitiva es la autoridad por excelencia, obtenida a lo largo de una lucha milenaria con la Corona.
Florentino González, ilustre colombiano que puede considerarse el primer profesor de derecho constitucional, citaba a este respecto largamente la opinión de Laboulaye, quien consideraba acertada la solución de la Constitución estadounidense en cuanto separa las funciones del Senado como juez del juicio político, limitado a destituir al funcionario, y la de los tribunales ordinarios, que son los que deberían en su caso juzgar delitos.

En la discusión estadounidense del impeachment se debatió mucho si no era conveniente que el propio Senado impusiera la pena en caso de delito, pero se consideró que eso podía ser fuente de impunidad, pues una absolución política impedía el juzgamiento por los tribunales, en función del ne bis in idem.

El impeachment en nuestra Constitución

El texto vigente en nuestra Constitución Nacional establece una versión americana del impeachment que es denominado por la doctrina y la jurisprudencia como juicio político, cuyo fin es de carácter institucional para proteger y asegurar el buen funcionamiento del poder público distanciándose así de su antecedente inglés.
En 1994 fueron excluidos los jueces del juicio político, salvo los de la Corte Suprema de Justicia. Los restantes magistrados quedaron sujetos a un proceso de remoción llevado adelante por dos nuevos órganos incorporados al diseño constitucional mediante los artículos 114 y 115: el Consejo de la Magistratura como cuerpo acusador y el Jurado de Enjuiciamiento como tribunal de juicio. También se agregó a los posibles funcionarios sometidos a juicio político al jefe de Gabinete de Ministros, nueva figura incorporada en esa reforma.

La figura del juicio político en Córdoba

En la provincia de Córdoba, la figura del juicio político es solo eso, pues en la práctica y según los textos de la Constitución provincial y el Reglamento Interno del Poder Legislativo, quedan atados para su aplicación a interpretaciones y no al empleo estricto del artículo 114 de la Carta Magna.

Según este artículo, la Unicameral, a los fines del juicio político, debe en su primera sesión ordinaria dividirse en dos salas que se conforman en forma proporcional a la representación de sus miembros, una acusadora y otra investigadora.
La primera tendría a su cargo la acusación y la segunda el juzgamiento. La sala acusadora debe ser presidida por un legislador elegido de su seno y la juzgadora por el vicegobernador; si éste estuviese siendo enjuiciado o estuviera impedido, lo reemplaza el Presidente Provisorio.

La Comisión investigadora, cuyo objeto es investigar la verdad de los hechos en que se funda la acusación tiene veinte días para presentar el dictamen a la sala acusadora, la que solo puede admitirlo por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.
Una vez que es admitida la acusación, la sala nombra una comisión de tres integrantes para que sostenga ante la sala juzgadora que se constituye en tribunal de sentencia, previo juramento de sus miembros. Tras ello procede a conocer la causa y debe fallar antes de los treinta días, vencido este plazo fatal el acusado vuelve al ejercicio de sus funciones.
Para ser encontrado culpable, el tribunal de sentencia, con los dos tercios de los votos, debe emitir el dictamen en tal sentido realizando la votación nominal y no en forma conjunta. El juicio político no puede durar en ningún caso más de cuatro meses, luego de los que de no haberse dictado resolución, queda sin efecto el juicio político.

En el reglamento interno del parlamento cordobés, el artículo 131 que regula la aplicación del texto constitucional y de la ley 8794 y sus modificatorias, estipula que cuando la legislatura “resuelva” la formación de causa por haberse imputado mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones, delitos dolosos comunes, incapacidad física o psíquica sobreviniente o indignidad contra un funcionario sujeto a juicio político, deberá aplicarse un procedimiento que garantice efectivamente el derecho de defensa del imputado.

El texto vigente en nuestra Constitución Nacional establece una versión americana del impeachment que es denominado por la doctrina y la jurisprudencia como juicio político, cuyo fin es de carácter institucional para proteger y asegurar el buen funcionamiento del poder público.

Un “cerrojo” en la Constitución

Este “resuelva”, es la mágica palabra que permite que le garantiza al oficialismo (este o de cualquier signo político) que nunca haya una resolución en tal sentido, por lo que cada vez que ingresa un pedido de juicio político cae en el sueño de los justos o en el cajón de los recuerdos, porque nunca se resuelve la formación de causa. Ningún gobierno de la pobre calidad democrática en la que vivimos “resolvería” jamás iniciar un juicio político contra sus más altos funcionarios políticos o judiciales. Es el cerrojo de la Constitución y, por lo tanto, antidemocrático.

El oficialismo esgrime estos mismos fundamentos con los que rechazó cada pedido de juicio político que ingresó desde la conformación de la Unicameral y se niega sistemáticamente a conformar las salas acusadora e investigadora con el argumento que el artículo 114 se refiere a la primera sesión ordinaria posterior a la “aceptación” del pleno para iniciar el proceso de juzgamiento y no a la primera sesión del período legislativo. Ergo, si la cámara no admite la acusación no tendría sentido conformar dichas salas.
Esta zona gris en la Constitución y en el reglamento interno del Poder Legislativo de la provincia de Córdoba permite que se generen dos usinas de interpretaciones. Por un lado, la oposición sostiene que el oficialismo nunca va a someter a sus funcionarios a un proceso de este tipo como tampoco el partido gobernante jamás reconocerá impericia o delito alguno de quienes lo conforman.

Una apertura al vicio de denunciar por denunciar

Por el lado del oficialismo argumentan, (justificando y reconociendo el cerrojo constitucional), que de darle curso a la constitución de las salas, la Unicameral se convertiría en un centro de denuncias de todo tipo y por cualquier circunstancia, entorpeciendo no solo el funcionamiento legislativo si no enviciando el espíritu del juicio político.

La polémica, aún irresuelta, mientras se desarrolla por estos canales interpretativos, garantizan la impunidad de los funcionarios en el gobierno, impidiendo además, el ejercicio de control del Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo.
La indefinición, por error u omisión, de los constitucionalistas de 2001, sólo podrá resolverse mediante una nueva reforma constitucional que en su letra garantice mecanismos claros y transparentes para juzgar o exonerar el mal desempeño de nuestros representantes.
Mientras tanto y como con tantos otros temas, vivimos sumergidos en los sinsabores de la democracia, no porque solo sea imperfecta, sino porque carece de dirigentes que lleven a sus sociedades a democracias sólidas que garanticen nuestros derechos y obligaciones. Como dijo el exgobernador José Manuel de la Sota en la apertura de sesiones ordinarias en la legislatura provincial en 2012, “es lo que hay”.

En la Constitución de 1994 fueron excluidos los jueces del juicio político, salvo los de la Corte Suprema de Justicia. Los restantes magistrados quedaron sujetos a un proceso de remoción a cargo del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento.

La primera vez en la Unicameral

En el año 2003, a menos de veinticuatro meses de la sanción de la nueva Constitución de Córdoba, el bloque de la Unión Cívica Radical de la Unicameral, encabezado por el fallecido legislador Jorge Font, realizó una extensa presentación de juicio político contra el ex fiscal de Estado, Domingo Ángel Carbonetti, que contenía cientos de hojas de desarrollos y pruebas.
En aquella oportunidad (la primera vez que se utilizó un pedido de este tipo) comenzaron a darse las interpretaciones encontradas respecto al artículo 114 de la Carta Magna provincial y del Reglamento Interno.

Pero la salida para salvar al funcionario de un escarneo político y público fue mucho menos grosera. Fue más una maniobra política de altos costos. La entonces legisladora Adriana Domínguez (hoy en el Inadi Córdoba, desde aquel entonces) del bloque del ARI, ingresó a último momento un pedido similar al de la UCR pero con diversos defectos técnicos. Entre ellos, eran solo dos hojas.
Herman Olivero, presidente Provisorio a cargo de la Vicegobernación (Germán Kamerath había sido elegido intendente después de compartir la fórmula provincial con De la Sota) puso en consideración primero el proyecto de Domínguez que a todas luces debía ser rechazado.

Aquí se activó otro mecanismo reglamentario, muy común en casi todos los parlamentos, que estipula que al ser rechazado un proyecto de estas características debe pasar un año calendario para presentar un nuevo pedido de juzgamiento al funcionario. La Unión Cívica Radical, que se había preparado para embestir políticamente al gobierno con el pedido de juicio político, no pudo ni hablar del tema en medio de una escandalosa sesión.

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