Casi el 70% de las leyes fueron enviadas por el Ejecutivo

Política 28/11/2017 Por
A días de cumplirse la mitad de gestión del Gobierno provincial, la Unicameral sancionó 176 leyes, de las cuales 111 fueron iniciativas del gobernador Schiaretti.
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Por: Gastón Gracia Daponte - Especial La Nueva Mañana

Desde el 24 de marzo de 1976, cuando el golpe cívico-militar tomó el poder por las armas en Argentina con la clausura de la representación popular en las decisiones de las políticas de estado a través del Poder Legislativo, los recintos, nacionales y provinciales, comenzaron a transitar la degradación en la práctica del arte de normar los destinos de la sociedad a través de grandes contraposiciones de ideas que enriquecieron la construcción jurídica descendiendo a una mera imposición política.
No es solo responsabilidad de los gobiernos, en esa curva descendente de calidad se encuentra el rol de la oposición, que dejó de aportar para castigar, apostando al fracaso del Estado para poder acceder al poder sin presentar proyectos superadores.
Precisar qué fue lo que sucedió primero es el mismo dilema de quién nació primero: el huevo o la gallina. Podríamos resolverlo según Aristóteles, quien lo formuló para asegurar que lo actual es siempre anterior a lo potencial, y por lo tanto, el hombre precede siempre al esperma, o lo que es lo mismo, la gallina precede al huevo. Así, los responsables son siempre los gobiernos.
Por eso resulta imperioso detenernos en lo que sucede con el Legislativo en nuestra provincia a partir de su productividad, porque, aunque con esta realidad, el Poder Legislativo de Córdoba no solo es el más productivo del país sino que además el que más sesiones desarrolla a lo largo del año. Y esta virtud no siempre se traduce como sinónimo de excelencia.
La Unicameral cierra su gestión a mitad de mandato con una fuerte injerencia del Poder Ejecutivo donde casi el setenta por ciento de las leyes fueron iniciadas por el gobernador Juan Schiaretti, es decir, que el Ejecutivo fue el gran legislador. Esta facultad está reservada y celosamente custodiada por nuestra Constitución para los parlamentarios que expresan idiosincrasias y pensamientos de distintos sectores de la sociedad para que realicen un intercambio de ideas (debate) a partir del que se instalen las diferencias en la esfera política para darles legitimidad pública y darle soluciones.

Bloque por bloque

En total, desde el 1 de febrero de 2016 hasta el 22 de noviembre de 2017 la Legislatura aprobó 176 leyes, de las cuales, ciento once fueron de autoría del Poder Ejecutivo, lo que representa el 67,61 por ciento del total, diezmando al Poder Legislativo.
De este total de normas aprobadas, 76 fueron de autoría de legisladores, donde el oficialismo encabeza las estadísticas con 43 leyes sancionadas; seguido por el Bloque del PRO y Córdoba Podemos con 7 mientras que los bloques del Frente Cívico pudieron acceder a la sanción de 2 normas; EVC y el PTS con 1 y en forma conjunta se aprobaron un total de 15 leyes; en promedio se sancionaron 9 leyes por mes. Un dato no menor es que en dos años a la UCR ni al FIT fueron los únicos bloques que no lograron sanción de ninguna norma.
Los distintos bloques de la Cámara presentaron en dos años un total de 458 proyectos de ley, 150 iniciativas corresponden a UPC que encabeza las posiciones, seguido por el PRO con 55 proyectos de ley; tercero la UCR con 53; cuarto Córdoba Podemos con 50; quinto EVC 40 y el FIT con 33 iniciativas; sexto el Frente Cívico con 24 y el séptimo lugar se encuentra el PTS con tan solo ocho proyectos de ley. En forma conjunta se presentaron 45 iniciativas de ley.

Para controlar, primero hay que conocer

Uno de los rasgos más característicos de la involución de las democracias en los países de América Latina es el sistemático recelo del estado a brindar información referida al uso y la aplicación de los fondos públicos, dando lugar inexorable a las sospechas en algunos casos y a la condena ante los fracasos evidentes.
En cuanto a los Pedidos de Informe, instrumento por el cual la oposición en nombre de la Unicameral ejerce su función de control sobre las acciones del Ejecutivo, representa uno de estos casos que se repite año tras año.
Se presentaron un total de 929 de los cuales se aprobaron tan solo 4 en 2016 y ninguno durante este año. Se archivaron 299. Del total, 407 pertenecen al bloque Unipersonal de Aurelio García Elorrio, 164 de la UCR; 139 de Córdoba Podemos; 70 al Frente Cívico; 47 al FIT; 40 al PRO y tan solo 16 al PTS con un pobre desempeño. En forma conjunta los legisladores presentaron veintiséis.

Durante estos dos primeros años de gobierno de Juan Schiaretti fueron presentados 66 pedidos de interpelación a distintos funcionarios, de las cuales se aprobó uno pero con la figura de Pedido de Informe y se archivaron 22 y el resto espera igual suerte.

Desde la primera gestión del gobernador Juan Schiaretti se utiliza como una errónea metodología para contestar los pedidos de informe que los diferentes Ministros asistan a las comisiones para responder personalmente las dudas de los parlamentarios y seguidamente los proyectos son enviados a archivo por contar con respuesta, pero ésta, no está respaldada en papeles oficiales.
Dentro de la función de control también se encuentran las Interpelaciones, figura en desuso desde hace muchos años, que consiste en convocar a los Ministros para que asistan al seno del recinto legislativo donde le deben dar respuestas sobre asuntos controvertidos o problemáticos a la sociedad allí representada.
Esta instancia ha mutado hasta llegar a deformarse en pedidos de informes, pues los funcionarios a los que se les requiere una interpelación por parte de los legisladores finalmente asisten a una comisión donde terminan dando respuestas en lugares menos expuestos.
Durante estos dos primeros años de gobierno de Juan Schiaretti fueron presentados 66 pedidos de interpelación a distintos funcionarios, de las cuales se aprobó uno pero con la figura de Pedido de Informe y se archivaron 22, el resto está a la espera de igual suerte.

La mirada del Observatorio Parlamentario

Como señala Juan Pablo Laporte, Coordinador del Observatorio Parlamentario REAL (Red Argentino-Americana para el Liderazgo) la buena cultura parlamentaria a lo largo del tiempo se ha instalado como como un signo de maduración institucional en todos los sistemas políticos del mundo. Esta nueva legitimidad se traduce en una legislación que cristaliza lo colectivo en el derecho positivo o ejerce una influencia en la agenda del ejecutivo en forma directa o indirecta.
Por estos días los poderes legislativos de todo el país definen el presupuesto de gobierno para el próximo año, legislativamente, se denomina a esta norma la ley de leyes. Según los textos de las cartas magnas nacional y provincial, esta es una de las funciones inherentes y más importantes de este poder.
Para muestras, solo basta un botón. Hay una foto colectiva en la memoria de la Unicameral que con matices, se repite todos los años. Cuando en altas horas de la noche Liliana Olivero, (de lo mejor que la izquierda de Córdoba ha llevado al parlamento cordobés) exponía sus críticas a los presupuestos del peronismo, la comida rápida llegaba para todos los legisladores, Olivero exponía en un recinto casi vacío ante la mirada de las autoridades en el estrado mientras oficialistas y opositores comían en una sala contigua al recinto.
En el otro extremo y hace muchas democracias, los presupuestos eran elaborados por legisladores, fijando prioridades en base a consensos, recibiendo a los Ministros de cada una de las carteras para determinar las prioridades en los gastos en los que el gobierno debía llevar adelante. 

Córdoba, como Argentina y el resto de los países de América Latina, padece de una pobreza republicana evidente para las sociedades y convenientes para los gobiernos de turno.

Hoy, los presupuestos son elaborados por el Poder Ejecutivo, sancionados casi a libro cerrado con audiencias públicas (entre la primera y segunda lectura necesarias para su aprobación) con nula participación y con expositores partidarios a favor y en contra que solo cuentan con la virtud de ser escuchados durante cinco minutos como máximo por los miembros de las comisiones que intervienen en el tratamiento de esta ley.
Córdoba, como Argentina y el resto de los países de América Latina, padece de una pobreza republicana evidente para las sociedades y convenientes para los gobiernos de turno en frágiles democracias republicanas que, fatalmente, en nombre de la celeridad, evitan extensos debates con críticas constructivas y destructivas sancionando normas sesgadas en una sola forma de ver y de hacer.

Desde Montesquieu

Como señala Enrique Vescovi, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo en Uruguay todos los países de Latinoamérica que se declararon independientes alrededor del primer cuarto del siglo XIX, establecieron en sus constituciones un régimen tripartito de poderes de acuerdo con la fórmula de Montesquieu conforme a sus principales modelos; la Constitución de los Estados Unidos de América, la Española de 1812, etc.
En consecuencia, agrega, que la organización Constitucional se desarrollaba de acuerdo con un poder estatal dividió en las tres funciones clásicas con un equilibrio de poderes y controles recíprocos de modo que el poder detuviera al poder (Montesquieu).
Sin embargo, concluye, que la realidad en la que vivimos es totalmente distinta. En Latinoamérica se nota un claro predominio del poder ejecutivo, primero por determinados factores históricos y luego por el desarrollo de los fines del estado en nuestro siglo. El estatismo creciente, la intervención en múltiples campos, la planificación y el extraordinario desarrollo de las relaciones internacionales son todos factores que se conjugan y realizan en torno al Poder Ejecutivo.
Una de las consecuencias inevitable de sistema de contrapesos del que hablaba Montesquieu ha sido que este aumento ha redundado en la disminución, por lo menos desde el punto de vista relativo, de las funciones y la autoridad de los otros poderes.
Hace varios lustros que en Córdoba el Poder Ejecutivo gobierna y legisla, acciones inherentes a los gobiernos de los dos partidos políticos que accedieron al poder, dejando los cimientos fortalecidos de los muros de diferencias que nos separan como sociedad y como lógica consecuencia creando un vacío conceptual de ideas que puedan utilizarse para resolver problemas históricos y dolorosos como la pobreza, la salud, la educación, el trabajo y la inseguridad.
Una vez más, con casi el setenta por ciento de las leyes de autoría del Ejecutivo, Córdoba continúa desarrollándose en todos sus ámbitos bajo la imposición del orden jurídico. Siguiendo el dilema de Aristóteles estamos precediendo a nuestro potencial. Sería sano comenzar a desarrollarlo.

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