¿A la Justicia se le cae la venda con las causas por supuesta corrupción?

Opinión 16/11/2017 Por
En medio de una ola de detenciones e imputaciones que alcanzan funcionarios y exfuncionarios, en el interior de la provincia preocupa el desarrollo de causas que involucran a integrantes de gobiernos de ayer y hoy.
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Como si se hubieran abierto las compuertas de un dique, en las últimas semanas el país asiste a una inusitada actividad en los tribunales. Básicamente se trata del impulso renovado de causas relacionadas con actos desarrollados en el ejercicio de la función pública y que involucran el manejo de recursos del Estado.
Pero la desconfianza que la sociedad tiene sobre el trabajo del sistema judicial reabre el interrogante: ¿se manipula el ritmo de investigación según los vientos políticos?
Lejos de la fiebre mediática de la Capital del país, en algunas ciudades cordobesas los ciudadanos esperan que el Poder Judicial responda ante los cuestionamientos sobre la conducta de personas vinculadas con el ejercicio de cargos de gobierno y satisfaga la sed de verdad y justicia.

La pelota manchada

En la provincia de Córdoba, más precisamente en la ciudad de Bell Ville, se lleva adelante una causa que generó recientemente un fuerte reclamo sobre la forma en que se presta el servicio de Justicia. El abogado, ex legislador y referente del justicialismo Carlos Krämer denunció ante la Fiscalía de Bell Ville al intendente Carlos Briner (Cambiemos) por la supuesta comisión de varios delitos, tales como malversación de fondos públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta en relación a los gastos derivados de la Fiesta Nacional de la Pelota de Fútbol del año pasado, entre otros hechos.
Con el paso de los días, quedó en pie una denuncia por la contratación de profesionales que no tendrían todos los requisitos legales para desempeñar sus tareas. Esas incorporaciones se produjeron a partir de mayo de 2016 e implicaron un gasto en honorarios para el erario comunal.
vRecientemente, el fiscal Oscar Aliaga emitió una resolución en la que imputa a Celia Franco y Fernando Vallejos, los dos profesionales cuestionados, pero desvincula al intendente Briner. Las imputaciones son por ejercicio ilegal de la profesión, ya que al momento de ser contratados no habrían contado con la matrícula profesional correspondiente. El caso de Vallejos es más singular, porque actualmente es el secretario de Economía del municipio.

Supuesto “pacto”

Ante la negativa de la Fiscalía de entregar copia de esa medida, Carlos Kramer reclamó: “Si un ciudadano no es víctima y no puede preguntar, ergo, ningún ciudadano lo puede hacer. Entonces la pregunta que hago es: ¿a quién perjudica la corrupción en los actos de gobierno?”
Kramer afirmó que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía Anticorrupción para exponer la situación, ya que considera que la investigación liberó de responsabilidad al intendente sin fundamentos.
El abogado sostuvo que el Poder Judicial deja mucho que desear, ya que no está investigando a fondo hechos que se vincularían con actos de corrupción.
Kramer expresó que hay un “pacto de impunidad” entre el Gobierno provincial y el intendente de Bell Ville. “Impunidad por impunidad, salimos todos hechos. Y después nos rasgamos las vestiduras cuando en el orden nacional se persigue la corrupción. Corrupción en los pueblos chiquitos, chiquita. Corrupción en las ciudades grandes, es grande. Que se investigue todo esto para que los belvillenses sepamos en realidad cómo nos gobiernan”, enfatizó. Kramer siente que, siendo el denunciante de los hechos, el Ministerio Público le negó el acceso a la resolución que determina el curso que seguirá la investigación, centrándose en los profesionales contratados por el municipio únicamente. Además agregó que esa negativa también se produjo ante el pedido formulado por un concejal de la oposición.

Entre paréntesis

En un plano diferente a lo que sería el acceso a la información de los procesos judiciales, las derivaciones de lo que surgió como una supuesta irregularidad por parte del Departamento Ejecutivo ahora transitan un camino fangoso, no exento de las tradicionales chicanas políticas. Es que desde la Dirección de Asuntos Legales del municipio se informó que la tribuno de Cuentas por la minoría, Flavia Salvucci, estaría incumpliendo los términos de la Carta Orgánica Municipal y otras leyes que rigen el ejercicio profesional. Según una notificación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Salvucci dio de baja su matrícula. Ante esa situación, el municipio solicitó que se apliquen las sanciones éticas que correspondieran sobre la profesional que integra el organismo de control del municipio.

En la “dulce espera”

Mientras tanto, no muy lejos de Bell Ville, en la ciudad de Villa María, los impulsores de las denuncias contra el ex intendente kirchnerista Eduardo Accastello ven con preocupación el lento desarrollo de las investigaciones. Es que por estos días se cumplen 9 meses del allanamiento a la Municipalidad de la cabecera del departamento General San Martín, en el que se retiraron unas 200 cajas con documentación referida al paso del ex mandatario por el gobierno de la ciudad.

En este caso, por un lado el fiscal de Tercer Turno René Bosio se justificó indicando que el análisis del volumen de documentación recabada en varias diligencias que ordenó supera la capacidad de respuesta del personal que está a su disposición, por lo que resultaría inevitable ese ritmo de la causa.

Pero también, los integrantes de la Asamblea Contra la Corrupción, se quejan de que Bosio no tomó algunas decisiones como librar oficios, convocar a testigos, realizar allanamientos, entre otros elementos de prueba solicitados. Y tampoco les da explicaciones a quienes fueron admitidos como querellantes en este trascendente proceso en el que se analiza el eventual enriquecimiento ilícito del ex intendente.
Cabe mencionar que, en las últimas semanas, Bosio amplió el alcance de su investigación, apuntando a algunos empresarios que habrían operado como supuestos testaferros del dirigente político a lo largo de una etapa de crecimiento patrimonial que está bajo sospecha.


El fin de la impunidad

La sociedad argentina decidió hace muchos años poner fin a la impunidad. El primer paso fue revisar una de las etapas más oscuras de nuestra historia. Poco a poco el foco se fue centrando en quienes defraudaron la confianza de los ciudadanos desde el ejercicio de la función pública.
Una vía para hacer sentir ese mensaje fue el voto popular pero siempre se espera que sea el Poder Judicial quien asuma su responsabilidad y aplique la ley, poniendo las cosas en su lugar. Los versos de la inmortal María Elena Walsh ya lo decían:

Señora de ojos vendados,
con la espada y la balanza
a los justos humillados
no les robes la esperanza.
Dales la razón y llora
porque ya es hora.

“Oración a la Justicia” – María Elena Walsh (1971)

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