La justicia brasileña investiga si las coimas salieron del BNDES

Política 13/11/2017 Por
La medida se adoptó después de que tres legisladores cordobeses acercaran documentación oficial a dos fiscales que investigan el “Lava Jato”.
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1 / 2 - Liliana Montero, Laura Golçalves Tessler, Roberto Gavão, Aurelio García Elorrio y Juan Pablo Quinteros.

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Por: Gastón Gracia Daponte - Especial La Nueva Mañana

A finales del mes de octubre Aurelio García Elorrio, del bloque Encuentro Vecinal Córdoba; Liliana Montero de Córdoba Podemos y Juan Pablo Quinteros del Bloque del Frente Cívico viajaron a Curitiba, Brasil, donde le entregaron a Roberto Gavão y Laura Golçalves Tessler, dos de los fiscales que investigan el caso de corrupción más grande de América Latina, pruebas que podrían vincular fondos públicos de Brasil utilizados para el pago de las coimas en la provincia de Córdoba.

Los legisladores le entregaron el Decreto provincial Nº443, del 13 de mayo de 2015, para establecer el vínculo entre lo que dice la lista de Youssef y su correlación con lo que sucedía en Córdoba. En el decreto provincial firmado por el exgobernador José Manuel de la Sota se detalla que la Provincia suscribió el 20 de diciembre de 2010 el Contrato de Colaboración Financiera con el BNDES para la realización de los gasoductos.

En la lista de Youssef, un listado con más de 750 obras que habrían sido adjudicadas mediante el pago de sobornos en todo el mundo, aparece que el BNDES iba a ser financista de la obra con un adelanto invertido (no se sabe en qué concepto), de R$ 60.096154,39, (33 millones de dólares) con fecha de pago el 15 de diciembre de 2008 ejecutado por la empresa brasileña OAS S.A.
El entonces fiscal Anticorrupción Gustavo Hidalgo se negó a pedir información al país vecino con el argumento de que OAS no pudo pagar esta coima que aparece en el listado secuestrado del domicilio de Youssef, porque perdió esa licitación con Andrade Gutiérrez y la obra nunca se realizó.

Empresas vinculadas al poder político

En la licitación del año 2009 intervinieron las empresas brasileras  OAS S.A asociada a la argentina Electroingeniería S. A, muy vinculada al gobierno de los Kirchner, y la brasilera Andrade Gutiérrez S.A asociada a la empresa  Britos S.A. y a Iecsa S.A perteneciente al primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, vinculadas al exgobernador de Córdoba De la Sota a través de Horacio Miro. También participó Odebrecht, pero se retiró.
Todas las empresas brasileñas que participaron en la licitación de los gasoductos troncales del año 2009 están involucradas en el “Lava Jato” por lo que los legisladores opositores sostienen que se trataba de una cartelización, de un club de distintas empresas que pertenecían a una sola operación. Todas ellas ya se acogieron a la “delación premiada”, figura legal de Brasil para atenuar las penas de los delitos en la medida que aporten datos fidedignos acerca del modus operandi que llevaban adelante para obtener beneficios empresariales mediante el pago de coimas.
Esto significa que tras el aporte documental que los legisladores cordobeses realizaron en Brasil, los fiscales del Lava Jato están en condiciones de citar a declarar a los integrantes de estas empresas por lo sucedido con la licitación de los gasoductos troncales y están obligados a decir la verdad, si no, corren riesgo de perder los beneficios legales a los cuales se acogieron para reducir sus penas.

Pero en el caso que la justicia brasilera pueda llegar a establecer cómo se realizaron los pagos de las coimas en nuestra provincia que menciona el corrupto arrepentido, los cordobeses tardaríamos mucho más tiempo en enterarnos porque la República Argentina junto a Venezuela y Angola son los únicos países que no firmaron los convenios de cooperación judicial, por lo que ningún juez o fiscal enviará información oficial a nuestro país.

No obstante esto, los legisladores volvieron con el compromiso asumido por parte de los funcionarios judiciales de enviar un pedido de informes al BNDES para saber si transfirió, a través de cualquier mecanismo, dinero a la provincia de Córdoba.

Trabajos Preliminares por 7 millones de dólares

La primera licitación para la realización de los gasoductos troncales se realizó en el año 2009 y dos años después, cuando el financiamiento del Banco de Desarrollo de Brasil se complicaba por la reticencia del Banco de la Nación Argentina para darle los avales al endeudamiento, el gobierno de Córdoba desdobló, el 4 de febrero de 2011, las tareas especificadas en los pliegos y comenzó el pago de los llamados trabajos preliminares que no estaban sujetos a las condiciones establecidas en los pliegos, en la propuesta o el contrato de una obra que no se hizo.
Por estos trabajos preliminares, la Provincia de Córdoba desembolsó casi 7 millones de dólares refrendados en el Acta Compromiso contenida en el decreto 443, donde estipula en su artículo 3 que la empresa Andrade Gutiérrez y sus socias locales debían, como contraprestación al pago y con el financiamiento truncado, transferir la propiedad intelectual de los proyectos de ingeniería, la documentación técnica y todos los derechos.

El 25 de junio de 2013 la Provincia suscribió el Acta de Recepción Provisoria Parcial de las Tareas Preliminares y deja constancia en el Acta de Compromiso que luego de inspeccionar los trabajos considera que han sido ejecutados conforme a los previsto, es decir quedan habilitadas para cobrarlas y en el mismo acto las empresas y la Provincia acuerdan la paralización temporal de todos los trabajos ante la imposibilidad de acceder al financiamiento por parte del BNDES.


Gasoductos, debate de la Unicameral en Río IV

La Unicameral de Córdoba volverá a la ciudad de Río Cuarto para realizar el miércoles una sesión especial  con motivo de los festejos por el aniversario de la fundación de la Capital alterna de la Provincia.
En esta asamblea legislativa serán tratados dos pedidos de informes por las obras de los gasoductos troncales en la provincia de Córdoba de autoría de la legisladora Montero y otro de igual tenor del legislador García Elorrio. Teniendo en cuenta los fuertes cruces que hubo la semana pasada entre oficialismo y oposición por la adjudicación para el cobro de impuestos a Kolector por los próximos ocho años, el de los gasoductos será un nuevo round que tendrá su cuadrilátero en el Imperio del Sur.

“Lava Jato”

ccv El escándalo estalló en América en general y en Córdoba en particular cuando a Alberto Youssef, el corrupto premiado por brindar información del Lava Jato, se le secuestraron en 2014 -en un operativo denominado “BIDONE”- las listas de pagos de sobornos donde se encontraron cuatro menciones a Córdoba y tres intermediarios identificados con los nombres o seudónimos Luis Leandro, José Edilson Cruz y Fernando Gomes, con sus números telefónicos en San Pablo.
El conglomerado brasileño Odebrecht, que actúa en 28 países, fue blanco de 110 operativos judiciales en varios estados de Brasil. Según fuentes de la investigación, la constructora contaba con un departamento exclusivo para el pago de sobornos en Brasil, pero también recibió pedidos de remesas irregulares de sus subsidiarias en Argentina y Angola. La investigación produjo 177 condenas, para 113 personas que están detenidas o en prisión domiciliaria.

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Oficinas de Odebrecht en Buenos Aires

Cuando se conocieron los detalles en 2014, el fiscal Anticorrupción de Córdoba era Gustavo Hidalgo, que ni siquiera envió un exhorto a Brasil y que sistemáticamente le denegó el pedido de la oposición para que requiriera esta información sensible a la justicia del país vecino.
El Fuero Anticorrupción de Córdoba, creado bajo el mandato del exgobernador De la Sota con la sanción de la ley 9122 el 6 de agosto de 2003, cuando Juan Schiaretti presidia la Unicameral de Córdoba, ha dado todas las garantías y actuaciones para demostrar desde su origen que el Gobierno de la Provincia está blindado.
Los tres parlamentarios opositores nombrados más arriba han realizado numerosas presentaciones ante las justicias provincial y federal para que se investigue una conexión con el caso de corrupción más grande de América del Sur. Han recurrido hasta el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas en Capital Federal, Sergio Rodríguez a quien le entregaron, entre otras cosas, el mismo decreto que ahora llevaron a Brasil.

De la Sota admitió antes de las elecciones de agosto de 2011 (único periodo, 2007/2011 en el que De la Sota no fue funcionario público–gobernador) que percibió “un ingreso mensual promedio que oscila los 35.000 reales” como consultor y asesor de empresas en San Pablo, Brasil, donde se desempeñó en la Cámara Argentina-Brasileña de Comercio.

Por esta situación, en la presentación ante Rodríguez, los legisladores solicitaron la investigación de la situación tributaria fiscal en la que se encuentra De la Sota, tanto en nuestro país ante la Administración  Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como en la República Federativa del Brasil ante la Secretaria da Receita Federal do Brasil (Ministerio da Fazenda) y su condición con el Cadastro de Pessoa Física (CPF) ya que los ingresos públicamente declarado por el ex gobernador De la Sota deben haberse efectuado “en blanco” y consignados ante la autoridad tributaria correspondiente.
En abril de 2012, y a sólo cuatro meses de asumir su tercer mandato como gobernador, De la Sota recibió a directivos de la brasileña Odebrecht, empresa interesada en construir y financiar la autovía sobre la Ruta 36 que une la ciudad de Córdoba con Río Cuarto.

La operación “Lava Jato”, según determinó la justicia de Brasil, se extendió desde 2004 hasta 2014. En Córdoba, De la Sota gobernó gran parte de este período y si bien nunca adjudicó ni una sola obra a las empresas brasileras sí participó en la elaboración del llamado a licitación y en el pago de los trabajos preliminares a la brasileña Andrade Gutiérrez junto a sus socias locales.

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