Asoman las primeras privatizaciones de la era Macri: activos energéticos

Córdoba 06/11/2017 Por
El Estado nacional busca reducir su presencia, control y dirección en las diversas empresas del sector energético. Se verán afectadas Enarsa, Ebisa y Dioxitex, instalada esta última en barrio Alta Córdoba. ¿Afectará esto a Epec?
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Hace algunos meses se filtró un video en donde el flamante senador electo por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, comentaba risueño frente a un gran auditorio la estrategia política de Cambiemos para implementar su modelo económico. Según el funcionario, la misma consiste en presentar diversas iniciativas al mismo tiempo generando, de este modo, una dispersión de la oposición, ya que al no poder enfrentar a todas las iniciativas por igual, las fuerzas opositoras se focalizan en unas de las iniciativas, dividiéndose, dejando pasar el resto de las políticas. Esta estrategia efectiva, por cierto, se vio implementada claramente la semana pasada. Aprovechando el espaldarazo que le otorgaron las elecciones, el Gobierno anunció algunas de las bases de las reformas: laboral e impositiva, y estuvo en el centro de la escena mediática. Lo cual generó reacciones en sindicalistas y políticos opositores. En simultáneo, el 31 de octubre salió en el Boletín Oficial un decreto que pasó inadvertido. El mismo sienta las bases para las primeras privatizaciones de la era Macri.
Mediante el decreto 882/17, que lleva la firma del Presidente, el jefe de Gabinete (Marcos Peña) y del ministro de Energía (Juan José Aranguren), el Estado reduce su presencia, control y dirección estratégica en diversas empresas del sector energético, afectando la situación de: Enarsa, Ebisa y Dioxitek S.A. El mismo dicta que la generación de energía eléctrica y térmica, como así también las actividades de distribución son labores “mayoritariamente desarrolladas por empresas privadas que cuentan con los recursos necesarios para garantizar una correcta operación y funcionamiento de las instalaciones, por lo que el involucramiento del Estado Nacional o Enarsa en carácter de accionistas de empresas dedicadas a dicha actividad no resulta necesario para garantizar la prestación del servicio”.

En riesgo la mayoría accionaria del Estado en Enarsa

Enarsa (Energía Argentina S.A.) es una empresa creada en el 2004 dedicada al estudio, exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos y la industrialización de sus derivados, como así también al transporte, almacenaje, distribución, comercialización de gas natural y energía eléctrica. En efecto, esta empresa mixta, con mayoría accionaria del Estado, cuenta con diversos activos energéticos que serán privatizados. Si bien el decreto no afecta la participación accionaria del Estado Nacional en Enarsa, genera las bases jurídicas para que en el corto plazo si ocurriese tal cosa. Puesto que la disposición del Ejecutivo crea una nueva empresa producto de la absorción de Ebisa (Emprendimientos Binacionales S.A) por parte de Enarsa, dando lugar a la empresa: Integración Energética Argentina S.A. Esto no solo implica un cambio de nomenclatura, el texto estipula que la reorganización societaria no puede dictaminarse mediante decreto, puesto que quien cuenta con esta facultad es la “asamblea de accionistas”.
Quienes representan al Estado allí, al igual que el ministro de energía, provienen del sector privado, particularmente de empresas extranjeras. Naturalmente, es presumible, dado a sus trayectorias, currículums y relaciones, que actúen en consonancia con el espíritu del decreto y decidan reducir la presencia del Estado en la nueva empresa creada. Uno de los directores de Ebisa, Osvaldo Rolando, se desempeñó en diversos cargos en la distribuidora de energía privada Edisur; quienes fueron elegidos por Cambiemos para dirigir Enarsa también están relacionados con trasnacionales energéticas, el gerente general, Ernesto Wagner, se desempeñó en Shell durante más de veinte años. Por su parte, uno de los directores, José María Zuliani, es un abogado que ofició de consultor del estudio Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán, que tiene dentro de sus clientes más importantes a distintas trasnacionales del sector energético y del poder financiero.

Dioxitex, a manos privadas

La normativa promulgada por el ejecutivo sí contempla un traspaso de acciones de la empresa estatal Dioxitek Sociedad Anónima, encargada de la explotación de uranio y la producción de combustibles para abastecer a las centrales nucleares de Embalse y Atucha I. Antes del decreto, el 99% de la empresa ubicada en barrio Alta Córdoba pertenecía a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y, el 1% restante, a la provincia de Mendoza. La legislación estipula en su artículo 7° que parte de las acciones Clase “C” se transferirán al Ministerio de Energía y Minería, quien se encargará posteriormente de la licitación para su eventual venta.
El artículo 8° del decreto presidencial es uno de los puntos más controversiales al instruir al Ministerio que dirige Aranguren a la “venta, cesión u otro mecanismo de transferencia” de una gran cantidad de activos energéticos. Las sociedades anónimas donde el Estado dejará de participar son: Central Dique, Central Térmica Güemes, Central Puerto, Centrales Térmicas Patagónicas y la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica Por Distribución Troncal de la Patagonia (Transpa). También la Nación enajena su derecho de propiedad en: Termoeléctrica Manuel Belgrano; la central ubicada en la localidad de Timbúes, conocida como Termoeléctrica José de San Martín; Termoeléctrica Vuelta de Obligado y Guillermo Brown.

¿Y Epec?

A todo esto, cabe preguntarse qué ocurrirá con Epec (Empresa Provincial de Energía de Córdoba) frente a los cambios que propende el decreto. No es una pregunta sin asidero, puesto que la empresa provincial es accionista de Enarsa desde el año 2006, donde adquirió acciones Clase “B” con derecho a voto en el directorio, según el diario especializado en energía y minería Mining Press. En consecuencia, la nueva disposición y el silencio de los distintos actores en juego genera muchos interrogantes: ¿La pérdida de activos energéticos por parte de Enarsa, afecta el patrimonio de la empresa de energía cordobesa?, ¿cómo reaccionarán los representantes de la Provincia en la asamblea de accionistas? ¿Esta ola privatista y las presiones que Cambiemos ejerce sobre las provincias para que reduzcan sus gastos terminarán con una Epec en manos privadas?

El FGS y las centrales eléctricas

Muchas de las centrales eléctricas y termoeléctricas antes mencionadas fueron realizadas o ampliadas con recursos provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses como parte de un proyecto que buscaba realizar obras de infraestructura e incentivar el empleo. La inversión que Anses hizo en estos proyectos productivos le permitió ampliar el capital de su fondo de garantía. En un informe del organismo de seguridad social publicado el año pasado, aseguran que la cartera del FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad) se encuentra compuesta por acciones e infraestructura, y que un 40% de la infraestructura está conformado por distintas centrales del sector energético, patrimonio que no puede privatizarse de manera directa.

Ocurre que en el año 2015 se promulgó la ley de Protección de las Participaciones Sociales del Estado Nacional (Ley 27181) que prohíbe la transferencia de acciones o de capital del FGS sin la previa autorización del Congreso. Siendo que Anses es accionista de Central Térmica Güemes, sujeta a privatización tras el nuevo decreto al igual que tantas otras centrales que forman parte del patrimonio del FGS, y dado a la falta de aclaración de los funcionarios, podría interpretarse que la nueva disposición presidencial es incompatible con la ley nacional 27181.

La financiación de las empresas energéticas

La evidencia empírica dicta que las políticas económicas tomadas desde el 2015 buscan potenciar el poder económico y político de los dos sectores con mayor presencia en el Gobierno, el financiero y las trasnacionales del sector energético. De hecho, parte de la renta de las empresas energéticas proviene del sector financiero, puesto que no solo invierten en Lebacs, la mayoría cotiza en bolsa, por lo tanto también se mueven bajo la lógica del mercado bursátil. Por caso, las acciones de Edenor sólo conocen la pendiente ascendente desde que Cambiemos llegó a la Rosada. Las mismas valían $8,50 en octubre del 2015, valiendo hoy $39,50 cada acción. El caso de Edenor no es aislado, corresponde a una tendencia de las empresas de energía que cotizan en bolsa. Así, Pampa Energía pasó de vender acciones por ocho pesos durante el 2015 a cotizar sus acciones a más de $47, en sólo dos años. Caso similar al de Central Puerto, empresa del amigo de Macri “Niky” Caputo, que valuaba sus acciones cerca de los $60 antes del triunfo de Macri y llegó a valer más de $190 al finalizar el año pasado. Éstas, junto a otras trasnacionales, son algunas de las empresas interesadas en las centrales privatizadas, puesto que la sola adquisición implicará un aumento de sus activos bursátiles sin invertir un solo peso.
De este modo, el Estado pierde control sobre uno de los resortes claves para el desarrollo de la economía, al ser la energía un bien estratégico, imprescindible para la industria nacional.

En efecto, los aumentos de las tarifas de luz, gas y naftas, las eventuales privatizaciones del sector, la apertura comercial, el aumento de las tasas de las Lebacs y el endeudamiento en el exterior, medidas centrales en el programa de Cambiemos, permiten inducir que su modelo no contempla el desarrollo del mercado interno, el crecimiento de la economía real y la generación de puestos de trabajo. Es curioso que desde las filas oficialistas solo hablen de la competitividad de la producción como excusa para negociar sueldos a la baja, aduciendo que los salarios son los principales enemigos de la competitividad. Por el contrario, cuando liberan los precios de los recursos esenciales para la industria-energía, naftas, gas- o cuando el Banco Central sube la tasa encareciendo el crédito para financiar proyectos productivos, ningún vocero del Gobierno alude a las consecuencias nocivas de estas decisiones para la economía real y para la competitividad, naturalmente.

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