Caso Maldonado: crónica de un hallazgo ¿anunciado?

Opinión 20/10/2017 Por
El juez Lleral ordenó allanar la estancia de Benetton pero no lo hizo. Antes apareció el probable cuerpo de Santiago, muy cerca de donde había desaparecido 80 días atrás. Interrogantes.
estancia leleque
Ingreso a la estancia de Benetton. - Foto: Joaquín Díaz Reck/La Izquierda Diario

La imagen que ilustra esta nota es del acceso al casco de la estancia Leleque de Chubut. Ese lugar fue nombrado muchas veces en los últimos 80 días. Por tres razones.

Primero, porque es el centro de operaciones del grupo Benetton en la región. Segundo, porque allí funcionan un virtual destacamento de Gendarmería y la madriguera de las guardias blancas que suelen atentar contra las comunidades mapuches.

Y tercero porque desde que desapareció Santiago Maldonado el lugar fue nombrado como uno de los posibles destinos del joven artesano secuestrado.

Durante 80 días la estancia de Benetton gozó del más absoluto blindaje garantizado por el Estado. Tanto el Poder Judicial, encarnado en Guido Otranto, como el Ejecutivo, representado alternadamente por Patricia Bullrich, Pablo Noceti, Gonzalo Cané y Germán Garavano, se encargaron de molestar lo menos posible al terrateniente multinacional. Solo se le pidió permiso un par de veces para montar algún que otro rastrillaje, obviamente en lugares que no arrojaron ningún resultado.

Ahora bien: el miércoles la periodista Adriana Meyer publicó en Página|12 la resolución del juez Gustavo Lleral (firmada el viernes 13) en la que ordenaba el rastrillaje en el Río Chubut en un trayecto que abarca no sólo la Pu Lof de Cushamen sino también la estancia de Benetton. Y ordenó textualmente “el allanamiento del predio ocupado por la comunidad mapuche denominada ’Pu Lof en Resistencia, Cushamen’ y de la Estancia Leleque de la Compañía ’Tierras Sud Argentino S.A.’”.

Que Lleral, homenajeando a Otranto, ordenara allanar la Pu Lof no era novedad. Lo sorpresivo es que por primera vez en el marco de la causa había una amenaza seria de que personas realmente interesadas en llegar a la verdad como la familia de Maldonado, los miembros de la comunidad mapuche y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos pudieran acceder a un peritaje en ese lugar.

La resolución restringía los allanamientos a garantizar el acceso al Río Chubut, pero habilitaba también el “secuestro de todo elemento que pudiere servir como medio de prueba, o que pudiere, de un modo u otro (racionalmente considerado), estar relacionado con la investigación”.

Reconociendo el derecho que les asiste en la causa, el magistrado convocó a participar del rastrillaje a Sergio Maldonado, a su abogada Verónica Heredia, a miembros de la Pu Lof y a la APDH regional. Cuando los notificó, a todos les pidió “que guarden la mayor reserva” sobre el contenido de su resolución, lo que efectivamente hicieron.

La orden fue emitida el mediodía del viernes 13 pero su ejecución se fijó para el martes 17 a las 7 de la mañana. Es decir 90 horas después. Un tiempo precioso para quien quisiera modificar alguna escena o plantar algo allí donde se iba a rastrillar. Siempre y cuando contara con la información precisa, claro.

El Factor Ruata

La fiscal Silvina Ávila repite a quien quiera escucharla que el rastrillaje lo había pedido originalmente ella. Ansiosa, hasta lo dijo en un comunicado de prensa el mismo martes, mientras el cuerpo aún flotaba en el río. Pero el juez Lleral ni la mencionó en su resolución del viernes. Por el contrario, le adjudicó toda la autoría del pedido de rastrillaje al prefecto principal Leandro Antonio Ruata.

Ruata es jefe de la delegación Bariloche de Prefectura Naval y fue quien dirigió los rastrillajes anteriores ordenados por Guido Otranto. Según Lleral, una vez que tuvo a cargo la causa se le presentó el mismo Ruata a prestar una “declaración testimonial”. “Creo que debería repasarse el río algunas veces más porque tiene muchas zonas irregulares y ramas. Yo haría un repaso completo de todas las zonas”, escribió el juez que le dijo Ruata.

La idea de repasar (volver a pasar) con otro rastrillaje la zona no les había caído nada bien a los miembros de la Pu Lof cuando se las adelantó el mismo juez en su visita al predio. Es comprensible ya que, una vez más, se terminaría haciendo foco en quienes habían sufrido la represión el 1° de agosto y no en quienes la habían ejecutado. Precavido, en su escrito Lleral les agradeció el diálogo a los mapuches y ordenó que el personal que lo acompañara en el rastrillaje fuera el mínimo indispensable y no portara armas.

Ruata fue parte de ese personal. Es decir que no sólo fue quien sugirió un nuevo rastrillaje sino quien, por orden del juez, dirigió al grupo de buzos y a los guías con sus perros adiestrados en la búsqueda de restos humanos. Huelga decir que esta altura el prefecto y sus muchachos conocen la zona a la perfección.

En su resolución, Lleral escribió que no permitiría participar del rastrillaje a representantes del “Estado Nacional Argentino, que ha resultado denunciado a nivel internacional” ni a “las fuerzas de seguridad y funcionarios que eventualmente pudieren estar involucrados en los hechos”. Pero la orden de que el prefecto Ruata dirija el rastrillaje es la negación de esa negativa.

Ruata cumple las órdenes de la llamada “mesa de coordinación de todas las fuerzas” inaugurada en una reunión el 31 de julio en Bariloche, nunca desactivada y cuyo objetivo de “terminar con la RAM” fue explicitado más de una vez por Noceti.

Bien por disciplina verticalista o bien por obediencia política, Patricia Bullrich y Pablo Noceti se enteraron el mismo viernes de lo que Ruata iba a hacer tres días después. Quizás fue el mismo prefecto el que lo informó primero. O quizás fue Gonzalo Cané, el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio. A él, nada menos, Lleral le encargó los perros adiestrados.

Si lo sabían Bullrich, Noceti y Cané, claramente lo sabía Gendarmería.

Aguas abajo

Para varias de las personas que participaron del rastrillaje el cuerpo hallado a pocos metros de donde había sido visto con vida por última vez Santiago fue “plantado”. Entre esas personas no están, claro, el juez Lleral, el prefecto Ruata ni ninguno de sus subordinados.

Los testimonios de Sergio Maldonado, de su compañera Andrea Antico, de la abogada de la familia Verónica Heredia, de los referentes de la APDH Mabel Sánchez y Julio Saquero y de hombres y mujeres de la Pu Lof son más que coincidentes. Y arrojan datos reveladores.

Por ejemplo, que el rastrillaje comenzó aproximadamente unos dos kilómetros río arriba contando desde la altura de la tranquera de ingreso. Allí Ruata ordenó a los suyos dividirse en grupos y, acompañados por miembros de las querellas y de la comunidad mapuche, comenzaron a rastrillar río abajo.

Cuando llevaban un par de horas de lenta navegación uno de los botes, en el que viajaba el testigo clave Matías Santana, se dio vuelta producto de una mala maniobra, sumergiendo a la tripulación y alterando el clima de la búsqueda. Minutos después uno de los buzos de Prefectura anunciaría el hallazgo del cuerpo, el cual estaba flotando y sin ningún tipo de amarre a las ramas y raíces que pueblan esa costa.

Durante esas angustiantes horas los familiares de Santiago, los jóvenes mapuches, la abogada Heredia y los referentes de la APDH debieron superar la conmoción y montar una verdadera “guardia” para garantizar que nada fuera alterado hasta que llegara el perito la querella.

Mientras tanto, sin mayores trámites, el juez Lleral decidía dar por concluído el rastrillaje y llevar el cuerpo a la morgue de Esquel, hecho producido pasadas las 21.

En un escueto comunicado emitido esa noche, Lleral se limitó a confirmar el hallazgo de un cuerpo y a relatar unas pocas formalidades procesales. Ninguna mención a las características del hallazgo. Tampoco alguna explicación de por qué se dio por concluido el rastrillaje, siendo que con la aparición de un cuerpo debería haberse profundizado la búsqueda de pruebas. Y menos aún el anuncio de nuevas medidas investigativas.

Anoche María Victoria Moyano, nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo y miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), hizo dos preguntas muy pertinentes: “¿No debió (el juez Lleral) continuar y realizar el allanamiento en la Estancia de Benetton tal como ya estaba ordenado?” y “¿el cuerpo plantado en el río tuvo algo que ver con el allanamiento que estaba anunciado?”.

*Nota publicada en La Izquierda Diario el el 20 de octubre por el autor, Daniel Satur.

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