Juicio a los magistrados: concluyen este martes los alegatos de la fiscalía

Córdoba 03/10/2017 Por
Hoy se espera que el fiscal general Carlos Gonella finalice el último tramo de su alocución referida al imputado Carlos Otero Álvarez y eleve su pedido de penas.
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Se prevé que durante esta jornada concluya con los homicidios para luego anunciar el pedido de penas.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal, el fiscal general Carlos Gonella y el auxiliar Facundo Trotta expusieron ayer lunes ante el Tribunal, de manera alternada, los argumentos probatorios que dan cuenta de la complicidad de los ex funcionarios judiciales con la dictadura cívico militar.

En la sede del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) acusaron por más de un centenar de víctimas. Comenzaron con un breve recorrido histórico contextual para luego abocarse al análisis de la prueba documental y testimonial. El discurso fue reforzado con la presentación de documentos y fotografías en PowerPoint.

Trotta acusó por 14 víctimas cuyos delitos les son imputados al ex fiscal Antonio Cornejo y al ex juez Miguel Ángel Puga. En tanto que Carlos Gonella alegó por 92 víctimas del accionar de Ricardo Haro (ex defensor oficial) y de Carlos  Otero Álvarez (exsecretario penal del Juzgado federal N°1, a cargo de Adolfo Zamboni Ledesma).

Simulacro

Gonella eligió la caracterización realizada por el testigo Luis Eugenio Angulo -ex defensor de presos y presas políticas al momento de los hechos y actual ministro de Justicia de la provincia de Córdoba-, cuando dijo que el tratamiento del poder judicial  en relación a las causas por infracción a la ley 20.840: "Fue un simulacro".

"Yo diría que se quedó corto. Fue una parodia de lo grotesco, fue la consumación del blanqueamiento de los crímenes contra la humanidad que cometían los criminales del D2 y que la justicia convalidaba", afirmó, enfático. Después de 41 años, expresó, este Tribunal tiene la posibilidad de reparar lo que pasó.

"Tanto Puga como Cornejo compartían los mismos hechos con la diferencia que a Puga se le atribuye no haber investigado la privación ilegítima de la libertad y el homicidio de Miguel Hugo Vaca Narvaja, y a Cornejo no haber investigado las torturas a Florencio Díaz. Teniendo en cuenta el rol que desempeñaban ellos -fiscal y juez- el reproche que se les formula es no haber promovido la investigación para determinar la existencia de esos delitos", explicó.

Al finalizar este medio lo consultó sobre la conducta de los imputados. "Cuesta entender que habiendo tomado conocimiento de la gravedad de los crímenes a través de las víctimas, no hayan cumplido con los deberes inherentes a sus cargos. Para nosotros, la prueba documental y los testimonios así lo acreditan". Y acotó que "fueron complacientes y se adaptaron al plan sistemático de violaciones a los derechos humanos. En eso, el testigo Luis Angulo fue muy claro cuando dijo que necesitaban de una estructura jurídica y judicial que se adaptara a esos lineamientos".

En este punto, indicó que no se les está reclamando "una tarea superlativa o heroica" sino que no hayan realizado acciones básicas. "Cuestiones que cualquier estudiante de derecho sabe, que debe investigar. No fueron meros olvidos o mora en la administración de justicia. Decimos que hubo un plan de omisión generalizada y deliberada de no investigar y eso facilitó que el plan sistemático se realizara con total facilidad", afirmó. Remató diciendo que "fue un combo perfecto" porque por un lado había policías y militares que torturaban y asesinaban y una justicia que no investigaba".

Tras repasar la jurisprudencia existente respecto a los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el 24 de marzo de 1976 y a partir del último fallo de la megacausa La Perla el Tribunal actuante distinguió dos etapas. Una, que comenzó con el decreto dictado por María Estela Martínez de Perón de aniquilar a la subversión y la segunda que comienza en marzo de 1976. Y que en ambas etapas actuaron las mismas personas, y pusieron en marcha el mismo plan.

Afirmó además que en esta Provincia actuaban los Comandos Libertadores de América al mando de Vergez que "se jactaba de secuestrar militantes políticos, estudiantiles, políticos y a otros que no militaban". Y que "la Policía de Córdoba "torturaba y detenía clandestinamente", manifestó.

Manifestó que estos sucesos ocurrían antes del Golpe y que las víctimas no encontraban respuestas en la justicia. "Eran secuestrados y torturados antes de ser blanqueados como Baronetto, Eva Zamora y Luis Pihén", ejemplificó.

Los crímenes cometidos, dijo, son de lesa humanidad y en consecuencia imprescriptibles. Los delitos atribuidos a los acusados se aplican también a las autoridades estatales que actuaron como autores cómplices y a "la conducta tolerante de los funcionarios públicos" como en este caso.

 

Burocracia eficiente

Tras cartón, siguió Gonella, quien analizó que el terrorismo de estado es un fenómeno complejo donde "las fuerzas de seguridad eran una burocracia eficiente en la aplicación sistemática de métodos represivos". Y aludió a la doctrina de Argelia.

Habló de las responsabilidades civiles donde los empresarios que formaban parte de los poderes fácticos son autores. Luego se refirió a la complicidad de la Iglesia católica con los asesinatos de Angelelli y los curas Longueville y Murias. Luego describió los roles del poder judicial al que definió como cómplice. 

Analizó que antes del golpe del 24 de marzo la constitución tenía plena vigencia y que después de esa fecha los funcionarios se acomodaron a la nueva situación relegando la carta magna a segundo plano. Los acusados, dijo, se alinearon convalidando los crímenes contra perseguidos políticos en el D2.

Subrayó que el rol del poder judicial en todo el país no era un fenómeno local. Citó los procesos judiciales que otros funcionarios enfrentan y algunos ya fueron condenados a lo largo y ancho del país.

Perfiles

El fiscal citó un estudio antropológico sobre la morgue judicial de Buenos Aires que, tras analizar la saturación de cadáveres, encontró el rastro burocrático de los funcionarios actuantes y permitió definir tres perfiles. "Los orgánicos, que juraron por los estatutos y que actuaban en consecuencia, colaborando y encubriendo los crímenes más graves; los independientes, que tenían la dignidad de aprovechar los intersticios para salvar vidas, como el camarista Pablo Carrera, que luego renunció. Y por último, los adaptados. Los que subsisten en cualquier régimen, sea dictadura o democracia. Son funcionales al poder. Creo que tenemos adaptados y orgánicos porque los independientes como carrera renunciaron".

Luego, describió el funcionamiento del poder judicial y los roles. Puso el foco en uno de los imputados Carlos Otero Álvarez, secretario penal, que se ocupaba de los casos por infracción a la ley 20840. Remarcó el caso paradigmático del abogado Miguel Hugo Vaca Narvaja (h) secuestrado en la puerta del Juzgado federal a quien le rechazaron dos habeas corpus y luego fue asesinado.

¿Por qué fue? Se preguntó. La respuesta no se hizo esperar. Fue porque "asesoraba al padre de Siriani, asesinado a golpes en el D2, y porque defendía presos políticos. También se extendió sobre las persecuciones a los abogados.

Impunidad

La exposición continuó con el análisis de los hechos y el recorrido de la causa Videla. En este punto, tomó la palabra Trotta y aludió a Dora Caffieri ex esposa de Paco Bauducco ejecutado en el patio del penal. "Fijense la impunidad. Asesinar a un detenido a plena luz del día frente a la inacción total del Poder Judicial", inquirió Trotta. Y citó una frase de la mujer que interpeló a los acusados diciéndoles: "¡¿Para qué estudiaron?!".

"El terrorismo de Estado contó con la connivencia de la mayoría de sus magistrados. En esta causa quedó acreditado que no se realizaron diligencias para investigar crímenes de lesa humanidad", afirmó. Destacó la importancia de la prueba documental que se encuentra en los expedientes (comunicados, declaraciones, de apremios ilegales, certificados, entre otros). 

"En 2010, se demostró que fueron asesinados en un enfrentamiento fraguado. Es evidente que si los funcionarios hubieran cumplido con su deber en junio hubieran podido determinar que esas personas fueron asesinadas. Lo cual se comprobó 34 años después", razonó.

Premiado

Por la tarde, Gonella comenzó con la acusación que dividió en cuatro bloques. En cada uno fue anticipándose a las probables argumentaciones que presentará la defensa.  "Está acreditado que Ricardo Haro no cumplía con lo que la ley le imponía según normas legales. Omitió esos deberes en varios hechos", argumentó el fiscal. Y añadió que "la obligación del defensor no se licúa con la inacción del juez o magistrado".

Luego describió varias situaciones donde queda expuesto "un patrón sistemático". Por caso, en el hecho 15 donde la víctima Francisco Saín denuncia que le tomaron declaración encapuchado y golpeado. Además la indagatoria fue tomada sin abogado defensor y sin que quede constancia de los apremios.

En otro tramo de la alocución desmontó el argumento que postula que el ascenso a camarista se produjo porque era "molesto para la dictadura". Y se pregunta si ¿No habrá sido un premio? "Tengo la íntima convicción que así fue", afirmó.

Negó que haya presentado "numerosos habeas corpus" porque no hay constancia. "Los aconsejaba que dijeran todo. Pero los testigos dijeron lo contrario" dijo, y citó el caso de Caffieri de Bauducco. Quedó acreditada la conducta omisiva.

 No es fedatario

A media tarde comenzó con el análisis de la imputación de Carlos Otero Álvarez, acusado en 92 hechos.  Un primer momento se relaciona con la omisión de deber de denunciar allanamientos. El segundo, se relaciona con las denuncias de tormentos. Y el tercero con los homicidios que son relevados como enfrentamientos, e intentos de fuga.

El fiscal explicó que durante la instrucción el imputado ejerció su derecho de defensa. Lo hizo en forma fáctica y jurídica cuando fue acusado por complicidad. Dijo que "fenomenológicamente, la conducta no era de omisiones de deberes funcionales; estoy convencido de que eran partícipes".

"Los criminales seguían torturando y matando porque sabían que la justicia no haría absolutamente nada. Y por eso asesinaron a 30 presos políticos", manifestó.

Reveló que la CIDH indicó que el poder militar actuó con la complicidad manifiesta del poder judicial y los nombra a Zamboni Ledesma y Otero Álvarez. También el Consejo de la magistratura dijo que tuvo "una actitud colaboracionista".

Otero Álvarez se declaró como un "mero fedatario" dejando en los empleados subalternos - Giraudo y Montoya – toda la responsabilidad. Y se ubicó como un "cumplidor de órdenes del Juez". En el caso de la omisión de denunciar la detención ilegal de Vaca Narvaja también la derivó a los ayudantes nombrados.

"La defensa querrá exculparlo mostrando la foto de un burócrata alejado de Montoya y Giraudo con un rol de simple fedatario, devaluado, desfasado por empleados sin poder de decisión. Para eso se vale de López Peña y de los oficios y testimonios de otros testigos como Rubio. Señores jueces: la fiscalía, va a demostrar que tenía un rol activo, que las causas hablan por sí mismas", especuló Gonella.

En ese orden aseguró que va a quedar acreditado que "era un burócrata eficiente que ejercía y definía el curso de las acciones". Respecto al ex empleado judicial López Peña afirmó que "fue el único testigo que en esta audiencia no vio a Otero Álvarez  desempeñándose en la gestión de infractores a la ley 20840" y le restó valor a la declaración.  Afirmó que numerosos testigos denunciaron que el secretario "estaba presente en las cárceles con personal armado".

Y los abogados defensores, desde Asberg hasta Rubio, dijeron que él los atendía. También recibía Hábeas corpus como el de Caccopardo. Las constancias y las firmas obran en el expediente.

Otero Alvarez, Cornejo, Puga y Haro). JUICIO A MAGISTRADOS by Mercedes Ferreyra
Otero Alvarez, Cornejo, Puga y Haro). Foto gentileza Mercedes Ferreyra

Amistad sin reproches

En relación al testimonio de Luis Rubio manifestó que fue el único que no tuvo reproches para con la Justicia federal. "Fue convocado, solo para que diga eso", consideró. Aunque valoró que haya dicho que era público y notorio que "el D2 actuaba en la clandestinidad".

Explicó que el actual vocal del TSJ, logró como abogado defensor la libertad de Miguel García en tiempo récord. "Esto demuestra que cuando Otero Álvarez movía un dedo podía impedir una muerte", afirmó. Y añadió que lo hizo por su relación de amistad con Rubio.

También aludió a una nota secreta y reservada de Menéndez fechada el  21 de noviembre de 1975 que se la envía a Gastaldi del área 311. Allí se destaca: establecimiento, cantidad de presos, nómina de delincuentes subversivos, nombre y apellido completo, documento, infracción, organización subversiva, Juzgado y secretaría correspondiente donde estuviera la causa. Asimismo habló sobre la función de la comunidad informativa.

"El comandante manifestó su preocupación por más de 126 presos políticos a disposición de la justicia federal y que en caso de ser liberados se informe de inmediato para que sean puestos a disposición del PEN. Y eso se cumplió. El solo caso que no se cumplió fue con García".

El fiscal negó que Otero Álvarez sea un mero fedatario. Luego analizó los casos paradigmáticos del primer y segundo momento.

Se prevé que durante esta jornada concluya con los homicidios para luego anunciar el pedido de penas.

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