Legisladores viajan a Brasil por las coimas de Odebrecht en Córdoba

Política 25/09/2017 Por
Será la primera semana de octubre para pedir que se investigue la conexión con esta provincia. Hay gestiones para hablar con el arrepentido Youssef. Se trata de Aurelio García Elorrio, Liliana Montero y Juan Pablo Quinteros.
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Por Gastón Gracia - Especial La Nueva Mañana

Legisladores de la oposición viajarán la primera semana de octubre a Curitiba, Brasil, para entrevistarse con el juez Sergio Moro, que investiga la megacausa de corrupción en América Latina conocida como “Lava Jato”, en el que la empresa Norberto Odebrecht S.A. confesó haber pagado coimas para obtener la realización de la obra de los gasoductos en Córdoba en el año 2008.

Se trata de Aurelio García Elorrio, del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, Liliana Montero de Córdoba Podemos y Juan Pablo Quinteros del bloque del Frente Cívico que, además, ya iniciaron los contactos para intentar hablar con Alberto Youssef, el arrepentido que ventiló con lujo de detalles cómo y a quiénes él mismo pagó los retornos en Córdoba.

El pedido formal que llevarán los legisladores a la justicia brasileña es para que se investigue la conexión Córdoba dentro de todo el entramado de corrupción, coimas y obra pública de la gigante brasileña en todo el continente sudamericano.

El viaje de los legisladores opositores se precipitó luego del pedido de exhorto que el fiscal Anticorrupción Hugo Amayusco enviara el viernes, a través de Cancillería, a su par brasilero Sergio Moro, requiriendo información “general” y “acotada”, según indicaron desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El proceso para que la Justicia argentina pueda obtener la información que Youseff ya le ha dado a su par brasileña a cambio de beneficios penales en referenci

a a los pagos de sobornos, debería comenzar con un convenio de cooperación entre los Ministerios Públicos de ambos países para que los involucrados puedan declarar en Argentina acrecentando sus beneficios judiciales.
Pero no hay ni siquiera indicios de que la Justicia argentina a lo largo de estos tres años, desde que se desató el escándalo, vaya a realizar un acuerdo de estas características, no sólo por Córdoba, sino por una gran cantidad de obra pública en todo el país.

Hay numerosas versiones extraoficiales que indican que el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, está dilatando la cuestión porque debería ordenarle a la procuradora General, la kirchnerista Alejandra Gils Carbó, que instrumente el convenio.

Según fuentes de la investigación, la constructora contaba con un departamento exclusivo para el pago de sobornos en Brasil, pero también recibió pedidos de remesas irregulares de sus subsidiarias en Argentina y Angola.

Las mismas versiones indican que a comienzos del año que viene, Carbó dirimiría en su cargo y se allanaría el camino para comenzar la cooperación judicial entre ambos países. Como sea, la conveniencia en la dilación es tanto para los exfuncioarios kirchneristas como para el gobierno de Mauricio Macri porque las coimas en la obra pública salpican a funcionarios y allegados de ambas administraciones.
El escándalo estalló, en América en general y en Córdoba en particular, cuando a Alberto Youseff, el corrupto premiado por brindar información del Lava Jato, se le secuestraron en 2014 -en un operativo denominado “Bidone”- las listas de pagos de sobornos donde se encontraron cuatro menciones de Córdoba y tres intermediarios identificados con los nombres o seudónimos Luis Leandro, José Edilson Cruz y Fernando Gomes, con sus números telefónicos en San Pablo.

En ese listado aparece mencionada tres veces la obra de los gasoductos de Córdoba donde intervinieron las empresas brasileras  OAS S.A, asociada a la argentina Electroingeniería S.A., muy vinculada a los gobiernos del matrimonio Kirchner, y también la brasilera Andrade Gutiérrez S.A., asociada a la empresa  Britos S.A. y a Iecsa S.A. de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, vinculadas al exgobernador De la Sota a través del Horacio Miro.
Además, en la lista de Youseff aparece que el BNDES “Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil” iba a ser financista de la obra con un adelanto invertido no se sabe en qué concepto, de R$ 60.096154,39, con fecha de pago el 15 de diciembre de 2008.

El conglomerado brasileño Odebrecht que actúa en 28 países fue blanco de 110 operativos judiciales en varios estados de Brasil. Según fuentes de la investigación, la constructora contaba con un departamento exclusivo para el pago de sobornos en Brasil, pero también recibió pedidos de remesas irregulares de sus subsidiarias en Argentina y Angola.
De acuerdo con un comunicado oficial, el gigantesco operativo buscó develar una supuesta red paralela de contabilidad que tendría Odebrecht para pagar “ventajas indebidas a terceros”.

Entre los receptores de los pagos figura el matrimonio de publicistas compuesto por Joao Santana y Mónica Moura, quienes fueron arrestados y que ya admitieron haber recibido pagos de Odebrecht para financiar campañas electorales en Venezuela y Angola.
El matrimonio asesoró las últimas campañas de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y ha trabajado para los presidentes Mauricio Funes (El Salvador) en 2009 y Danilo Medina (República Dominicana) a partir de 2011 y, desde el año 1998, Santana asesora y trabaja en las distintas campañas del exgobernador de Córdoba José Manuel de la Sota, incluida la elección primaria de 2015, de cara a las elecciones presidenciales de nuestro país.

Cuando se conocieron los detalles en 2014, el fiscal Anticorrupción de Córdoba era Gustavo Hidalgo, que ni siquiera atinó a enviar un exhorto a Brasil y que sistemáticamente le denegó el pedido de los tres legisladores de la oposición para que requiriera esta información sensible a la justicia del país vecino, cuestión que sumada a otras causas de corrupción archivadas le valieron su ascenso como juez de Control en lo Penal Económico de Córdoba en 2016.
“Lo deja bastante regalado a Hidalgo que por el mismo tema no encontró motivos para exhortar y Amayusco exhorta, se está cubriendo y está encubriendo, no tiene ningún interés en investigar”, manifestó Quinteros en diálogo con LA NUEVA MAÑANA.
En tanto, el Gobierno de la Provincia se esmera en defender la transparencia de la adjudicación de la obra, aunque resulta inaudito que el gobierno termine por adjudicarle en dos ocasiones, primero en 2008 y luego en 2015, una obra de esta envergadura a una empresa condenada por prácticas corruptas.

Es más, los tres legisladores de la oposición no solo han intentado forzar al Fuero Anticorrupción para que investigue la trama de corrupción en Córdoba, en este caso por los gasoductos troncales, sino que sin suerte chocaron una y otra vez contra un paredón protector que les ha impedido ser querellantes particulares para poder seguir las actuaciones de los funcionarios judiciales dentro de la causa, primero como legisladores y luego como representantes de la Asociación “Acción Solidaria por una Mejor Argentina” (Asoma). Es siempre igual, el fuero recibe las denuncias, las esconde, las dilata y las archiva, ejemplos sobran.

El Fuero Anticorrupción de Córdoba, creado bajo el mandato del exgobernador De la Sota con la sanción de la ley 9122 el 6 de agosto de 2003, cuando Schiaretti presidia la Unicameral de Córdoba, ha dado todas las garantías y actuaciones para demostrar desde su origen que el Gobierno de la provincia está blindado.

Los tres legisladores han realizado numerosas presentaciones ante la Justicia provincial y federal para que se investigue una conexión con el caso de corrupción más grande de América del Sur. Han recurrido hasta el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas en Capital Federal, Sergio Rodríguez.

De la Sota admitió antes de las elecciones de agosto de 2011 (único periodo, 2007/2011 en el que De la Sota no fue funcionario público–gobernador) que percibió “un ingreso mensual promedio que oscila los 35.000 reales” como consultor y asesor de empresas en San Pablo, Brasil, donde se desempeñó en la Cámara Argentina-Brasileña de Comercio.

En la presentación ante Rodríguez, los parlamentarios solicitaron la investigación de la situación tributaria fiscal en la que se encuentra De la Sota, tanto en nuestro país ante Afip (Administración  Federal de Ingresos Públicos) como en la República Federativa del Brasil ante la Secretaria da Receita Federal do Brasil (Ministerio da Fazenda) y su condición con el CPF (Cadastro de Pessoa Física) ya que los ingresos públicamente declarado por el ex gobernador De la Sota deben haberse efectuado “en blanco” y consignados ante la autoridad tributaria correspondiente.

En abril de 2012, y a sólo cuatro meses de asumir su tercer mandato como gobernador, De la Sota recibió a directivos de la brasileña Odebrecht, empresa interesada en construir y financiar la autovía sobre la Ruta 36 que une la ciudad de Córdoba con Río Cuarto.
La operación “Lava Jato”, según determinó la justicia de Brasil, se extendió desde 2004 hasta 2014. En Córdoba, De la Sota gobernó gran parte de este período, y como repiten sus allegados, el exgobernador nunca adjudicó ni una sola obra a las empresas brasileras.

Diferencia de números

Los legisladores opositores García Elorrio (EVC), Montero (CP) y Quinteros (FC) trabajan en un escrito que será presentado hoy ante el fiscal Anticorrupción Hugo Amayusco en el que intentan demostrar la variación de los precios en las obras de los gasoductos troncales con una diferencia de costos más caros de $2.715.002.197,76.
A mediados de 2015, la Provincia modificó el costo previsto y contratado para la obra estipulado al inicio de la segunda fase en la suma de U$7.958.797.694,90 y lo incrementó a $10.942.913.998,97, equivalente a la suma del monto del contrato en ejecución a favor de la Constructora Norberto Odebrecht S.A.

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