Causa Eninder: ¿con freno de mano puesto?

Política 17/07/2017 Por
La investigación sobre supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos enviados por el Gobierno anterior al Eninder sigue vigente. En los próximos meses deberían declarar exfuncionarios kirchneristas de alto rango y el cuestionado exintendente de Villa María Eduardo Accastello.
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- El exintendente Eduardo Accastello, Edgar Bernaus (exdirector del Eninder y abogado de Accastello) y la concejala villamariense Verónica Navarro.

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Hace un año, se conoció un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que describía numerosas irregularidades en el manejo de fondos girados por la administración federal hacia el Ente Intermunicipal de Desarrollo Regional (Eninder), un organismo que agrupa a municipios y comunas del centro y sudeste de la provincia de Córdoba.
En los Tribunales Federales de la avenida Comodoro Py, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se está analizando la información recabada en los últimos meses en distintas dependencias del Gobierno nacional y de la sede del Eninder, en Villa María, para esclarecer esos manejos sospechosos que van desde contrataciones poco transparentes hasta el pago de sobreprecios exorbitantes y desvío de fondos hacia operaciones financieras que habrían “rendido” mucho dinero.
A través de la resolución de la AGN Nº 126/2016, emitida a fines de junio del año pasado, se aprobó el documento titulado: “Gerencia de Control de Transferencias de Fondos Nacionales – Departamento de Control de Transferencias a Municipios, Caba y Sector Privado”. Ese estudio realizado por el organismo de control se centró en analizar las transferencias de fondos destinados a la concreción de la remodelación del Anfiteatro de Villa María, la construcción del Puente Villa María-Villa Nueva y obras de pavimentación en las localidades integradas en el Eninder.

Paso a paso

Esto derivó en una causa que actualmente se instruye en el Juzgado Federal Nº 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, en la que aparecen involucrados “pesos pesados” del gobierno kirchnerista como Julio De Vido, Aníbal Fernández, José López, Abel Fatala y Carlos Kirchner. En el plano regional están imputados el exintendente Eduardo Accastello, la concejala villamariense Verónica Navarro y Edgar Bernaus, el exdirector del Eninder y abogado de Accastello. A todos se les atribuyen delitos contra la administración pública, malversación de fondos y abuso de autoridad.
Si bien hay un fuerte hermetismo sobre el avance de la investigación, La Nueva Mañana pudo conocer que sigue en marcha. En pocas palabras, se puede decir que hasta ahora no hubo ni sobreseídos ni declaraciones indagatorias, aunque se estima que en los próximos meses, tras cerrar el análisis de la abundante documentación recopilada, se citará a los imputados en la presentación formulada por el fiscal Federico Delgado.
Lo que está claro es que “todavía” no se desvinculó a las personas imputadas.

Una herramienta para construir poder

El Eninder fue creado en el año 2000, con el carácter de un ente autárquico público. Inicialmente se integraban en ese organismo los municipios de Villa María, Villa Nueva, La Carlota, General Deheza, Las Perdices y Alejandro Roca.
En un momento llego a agrupar a 51 localidades pero luego comenzó a reducirse el número de participantes en la medida en que se iba modificando el panorama político y la estrella del intendente de Villa María, Eduardo Accastello, comenzaba a apagarse.
La época dorada del ente coincidió con la presencia del intendente de Villa María en el primer plano del escenario político provincial, a través del fuerte impulso que daba la “caja” del gobierno kirchnerista para financiar la construcción de poder territorial.

Sobreprecios insólitos y comisiones suculentas

Las principales conclusiones del informe de AGN pusieron en evidencia que desde el Gobierno nacional se consintió en transferir fondos a un organismo que no estaba alcanzado por ningún organismo de control, ya fuera municipal, provincial o nacional.
En apretada síntesis, se detectó inexistencia de controles, doble rendición de fondos, certificación inexacta de avances de obras, retrasos en plazos de ejecución, sobreprecios, tercerización de obras generando mayores costos a los municipios, órdenes de pago duplicadas e imputaciones de gastos imprecisas.
En ese marco, el Eninder adjudicó obras por contratación directa, sin sustento legal y por montos muy superiores a los de mercado.
Vale recordar que para realizar las obras de pavimentación, el Eninder puso en marcha una planta de elaboración de asfalto que fue concesionada a la empresa Tecnología y Construcciones SRL. A esta misma empresa, sin un proceso de licitación previo, se le adjudicaron varias obras de pavimentación cuyos precios superaron en promedio un 148 por ciento los valores de mercado.
En cuanto a otras obras como la remodelación del anfiteatro de Villa María y el puente Villa María-Villa Nueva, el Eninder cobró comisiones que le redituaron 5,6 millones de pesos en detrimento de los municipios que lo integraban.
En relación a estos hechos, la concejala villamariense Karina Bruno sostuvo que la participación de empresarios privados fue vital para el desvío de fondos del Estado a través del Eninder, algo que podría ampliar la investigación que desarrolla la Justicia Federal.

¿PROtegido?

Visto desde afuera, el ritmo de la investigación no deja de provocar las suspicacias sobre eventuales “arreglos políticos” para no afectar a varios de los involucrados.
En el caso de Eduardo Accastello, se dice que tuvo contactos con altos funcionarios de la Nación y del Gobierno provincial, jugando sus cartas sobre una eventual postulación que al final no fue, pero que le habría garantizado algo de tranquilidad.
Hace algunas semanas, una llamativa votación en el Concejo Deliberante de Villa María puso a Verónica Navarro (actual pareja de Accastello) al lado del bloque “Cambiemos”, cuando se intentó aprobar la reducción del impuesto municipal que se aplica sobre la tarifa de electricidad para pequeños comercios. Esto provocó un empate que fue roto por el voto del titular del cuerpo deliberativo y el proyecto del bloque opositor fue rechazado.
En definitiva, tras el análisis de la documentación que se recogió en diversos allanamientos y a través de requerimientos a distintas dependencias nacionales, cabe esperar que se llegue a una instancia que permita esclarecer lo que sucedió en un ente que terminó siendo “malversado” por las ambiciones políticas y económicas.

 

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