Trabajadoras de Violencia Familiar reclaman más seguridad tras grave ataque

Córdoba 13/07/2017 Por
Ayer declararon el estado de asamblea permanente. María José Igarzábal contó a La Nueva Mañana que el martes dos psicólogas fueron violentadas por un hombre con un arma de fuego en Río Ceballos, cuando realizaban un control.
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Este miércoles las trabajadoras del Polo Integral de la Mujer, la entidad provincial que debe dar respuesta a la violencia hacia las mujeres y la trata, declararon el estado de asamblea permanente, tras denunciar públicamente, a través de un comunicado, la actual situación por la que está atravesando el área de Constatación de la institución.

El área es por ley la responsable de responder oficios judiciales, que por medio de entrevistas domiciliarias interdisciplinarias a las personas involucradas, realizan una valoración de riesgo, que le otorga a los juzgados intervinientes herramientas para determinar las estrategias de resguardo a implementarse. Asimismo, en la actualidad, cuenta con 10 profesionales entre trabajadoras sociales y psicólogas, que por la modalidad de trabajo interdisciplinario, se traduce en dos equipos por turno para abarcar Córdoba Capital y Gran Córdoba, siendo que la ley exigía ya en el 2006, es decir hace más de diez años, 16 profesionales.

En ese sentido, María José Igarzábal, delegada de ATE y trabajadora de dicha área, dice a La Nueva Mañana: "El objetivo de la medida de fuerza es visibilizar la falta de personal y de recursos, y de mostrar los riesgos a los que estamos expuestas día a día en nuestras tarea de luchar contra la violencia de género en la provincia de Córdoba. Por eso exigimos que nuestro trabajo sea considerado de una vez por todas insalubre y riesgoso, hasta que las medidas de resguardo solicitadas sean garantizadas".

Los peligros a los que hace referencia Igarzábal están dados por la naturaleza misma de la labor que desarrollan psicólogas y asistentes sociales al asistir a los domicilios de mujeres que denuncian situaciones de violencia. Son mujeres defendiendo mujeres y en muchos casos, al no contar con una estructura desde la institución, que brinde presupuesto y recursos, quedan expuestas al agresor, como pasó dos días atrás.

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Hecho grave

Este martes a la mañana un hecho grave ocurrió en Río Ceballos, cuando dos psicólogas del área de Constatación de la Dirección de Violencia Familiar, realizaban un procedimiento en una vivienda desde la cual habían recibido una denuncia por violencia de género. Acompañadas por un chofer y un policía, tocaron el timbre de la casa y al salir un hombre -el supuesto agresor- le consultaron si se encontraba la mujer. Fue allí que, tras ver que el auto tenía un cartel del Ministerio de Justicia, el hombre comenzó a insultarlas y a amenazarlas, y luego, cuando las trabajadoras se encerraron adentro del vehículo, comenzó a patear las puertas y los vidrios.

"Les decía 'a vos te vi la cara y te voy a cagar matando'. Era un callejón sin salida y el chofer que era nuevo había dejado el auto mirando para el lado encerrado. Después de pegarle al auto, sacó un arma del bolsillo de la campera y se la calzó. Las compañeras hicieron la denuncia pero al volver a las oficinas no se contempló siquiera la situación que habían vivido, y se les exigió que elaboraran el informe, mientras aún estaban en estado de shock", cuenta Igarzabal a La Nueva Mañana.

Si bien las profesionales pudieron escapar y resultaron ilesas, este tipo de hecho se suceden de forma corriente en su labor diaria, convirtiéndolas en víctimas de violencia de género a ellas, que precisamente intentan ayudar a quienes sufren de dicha situación.

Cuidar a las que cuidan

A lo largo de la trayectoria del área se han presentado distintas situaciones en el desempeño de nuestras tareas; encierro, robo a mano armada, amenazas de muerte, amaneza con cuchillo, apedreamiento, persecuciones, entre otras. 

Por ello exigen que se cumpla con el personal estipulado por la ley: "Que existan choferes capacitados que conozcan los barrios y el protocolo; que los autos usados tengan condiciones mínimas de seguridad, como ser los cinturones; que nuestra tarea sea considera de riesgo e insalubre; que podamos tener teléfonos para comunicarnos durante los operativos; que los equipos profesionales tengamos un botón antipánico para poder activarlo en caso de emergencia; y que se efectivice a quienes desarrollan este trabajo como monostributistas".

Además, las trabajadoras denuncian que las situaciones de inseguridad se incrementaron en frecuencia durante los últimos meses, sobreexponiendo a las profesionales.

"Somos mujeres interpeladas por el contexto que indica que cada 36 horas una mujer es asesinada por hombres por la condición de ser mujer. Somos trabajadoras indignadas por nuestras condiciones laborales, sin el reconocimiento de nuestras tareas como profesionales y con suelos miserables. Por ello responsabilizamos al Estado y al gobierno y en especial a la gestión de Claudia Martínez por la doble exposición de las trabajadoras al riesgo cotidiano, al no garantizar las condiciones de seguridad", señalan a través de un comunicado emitido este miércoles al declarar el estado de asamblea permanente.

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