Consulta popular, la disputa que calienta el Concejo

Política 20/06/2017
El intendente Mestre busca saber qué piensan los cordobeses sobre la reglamentación de las asambleas, la difusión de información y la declaración del transporte urbano como servicio esencial. La oposición quiere incorporar sus propias preguntas.
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Concejo Deliberante

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El conflicto de UTA, como antes había ocurrido con el del Suoem que puede reactivarse esta semana, pretenden ser utilizados por el Ejecutivo municipal de muestras para realizar la mentada consulta popular. Propuesta que el jueves pasado amagó con ser tratada en el Concejo Deliberante sobre tablas pero que, finalmente, se optó por la preferencia de dos sesiones. Esto fue propuesto por el oficialismo a través del presidente del bloque, Lucas Balián; y contó con el respaldo de la oposición.

De todas maneras, la discusión que se abre ahora es otra: cómo se moverá el Concejo para aprobar el proyecto que llega desde el Ejecutivo y en un año electoral. Allí radica parte de los debates y las negociaciones que empezaron el mismo jueves y con el intendente Ramón Mestre en el foco, no sólo del oficialismo sino también de la oposición.

En el arco opositor, todos los bloques quieren tener incidencia en las preguntas que se harán; aunque el radicalismo no parece estar dispuesto a ceder.

En La Nueva Mañana se adelantó hace 15 días, y en plena disputa con el Suoem, que el Municipio estaba realizando encuestas sobre la “regulación” de las protestas. A partir de esto, en los principales despachos del Ejecutivo terminaron considerando que la imagen del jefe comunal crecía, y más de uno lo vinculó directamente con el posicionamiento de Diego Mestre, el hermano del intendente que pretende -impulsado por esa porción de la UCR- renovar su mandato en Diputados.

Los detractores de la gestión de Mestre, como así también del manejo de los conflictos con algunos gremios, sostienen que lo que buscó la semana pasada el jefe comunal fue catapultar a su hermano al tercer escalón de la lista de Diputados. Algo que, finalmente y de acuerdo a lo resuelto en el reglamento que impuso el PRO en la alianza Cambiemos, no tendrá asidero. Puesto que la definición de Casa Rosada fue acatar o, en caso de ir a las Paso y perder, conformarse con el cuarto lugar de la lista que es para una mujer debido a la vigencia del cupo femenino.

Campaña si, campaña no

De todas maneras, la oposición insiste con el rédito político que podría buscar la coalición que gobierna el municipio, más allá de la presencia o no de Mestre en el armado. “Si pegan la consulta a la fecha de las elecciones, estamos hablando de campaña. Y si nosotros lo aprobamos, estaríamos avalando eso”, le dijo a este medio un edil de la oposición. Por lo tanto, desde este arco, los bloques empezaron a proponer las preguntas para la encuesta.

“Hay que preguntarle a la gente si está o no de acuerdo con que el boleto salga $12,55 cuando en Buenos Aires es de $6”, dijo desde el bloque unipersonal Pensando Córdoba, Victoria Flores. La concejala añadió: “Estamos convencidos de que la herramienta es excelente y debe ser aprovechada para consultarle al vecino, pero utilizada con responsabilidad y criterio. No pegándola a las elecciones nacionales para especular”. Flores también pretende que se consulte acerca del 10% que va a las arcas municipales en cada boleta de gas o el accionar del jefe comunal capitalino ante la diferencia en el reparto de subsidios entre Córdoba y la provincia de Buenos Aires.

No es el único espacio que quiere o pretende tener injerencia en las preguntas. Desde el Movimiento ADN, algunos concejales proponen consultar a la gente si “un servicio tan esencial y sensible como el transporte debe estar en manos del Estado o de privados”. En cuanto a esto, hay una coincidencia por la controvertida posición que tiene en el mercado cordobés la empresa Ersa, que capitaliza el 75% del servicio.

El bloque Fuerza de la Gente, con la presidencia de Martín Llarena pero con mayor protagonismo en las últimas semanas de la exconcejala Olga Riutort, también cuestionó la relación costo-servicio en cuanto a la prestación del transporte capitalino. Y agregó al eventual cuestionario el servicio de barrido y recolección de residuos. Por su parte, desde el bloque Frente Federal de Acción Solidaria manifestaron que no acompañan la consulta vecinal. “Las preguntas están orientadas para conseguir las respuestas que el oficialismo busca. Este proyecto del Ejecutivo limita el necesario debate que debería tener y debe ser amplio y plural. Consideramos que los vecinos tienen que participar y aportar su opinión con respecto a cada uno de los sectores de la vida social e institucional, pero no a solo dos sesiones”, dijeron de la bancada liderada por Marcelo Pascual.En la vereda del oficialismo, por su parte, se insiste con centrar la discusión en transporte, las asambleas municipales, la descentralización y la publicación de datos. Sobre esto último precisamente, hay especial atención desde los principales despachos del Palacio 6 de Julio para promocionar un gobierno transparente.
Por último, la incógnita en el recinto se cierra en lo que pueda hacer el bloque unipersonal de Laura Sesma y la bancada de UPC. Éste último, para algunos está condicionado por el apoyo que el radicalismo le mostró al schiarettismo en la Unicameral con la sanción de la ley de servicios esenciales.

Suoem amplía la denuncia contra Mestre y Arzani

Durante la del lunes 19, el gremio que lidera Rubén Daniele se presentó en la Justicia provincial para ampliar la denuncia en contra del intendente Ramón Mestre y del secretario de General del municipio, Daniel Arzani. La misma es por la publicación de los datos personales en la web de la Municipalidad. Entre los argumentos que reúnen los asesores letrados del Suoem contra los funcionarios, la acusación es “por violar dos ordenanzas y la ley 25.326 de Protección de Datos Personales y Habeas Data”.

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