Fuertes críticas al Gobierno nacional por recorte en pensiones de invalidez

País 14/06/2017
Senadores opositores intentan derogar el decreto 432/1997 en el cual se basó Carolina Stanley para adoptar esa medida. La titular de Desarrollo Social aseguró que revisará la baja de beneficios no contributivos.

Distintas figuras de la oposición lanzaron sus críticas por las bajas de algunas pensiones por discapacidad, decisión del Ministerio de Desarrollo Social que encabeza Carolina Stanley. Además, avanzaron con iniciativas en el Congreso para frenar la medida.

La senadora del PJ-FPV María de los Ángeles Sacnun y su par del GEN Jaime Linares presentaron este martes dos proyectos para derogar el decreto de 1997 que utilizó el Gobierno para dar de baja algunas pensiones por discapacidad.

Los senadores opositores intentan derogar el decreto 432/1997 en el cual se basó la cartera que encabeza Carolina Stanley para adoptar esa medida.

Sacnun presentó un proyecto de ley que plantea la "derogación de los incisos F y H del Anexo I, artículo 1° del decreto 432/1997, que fueron aplicados por el Ministerio de Desarrollo Social para dar de baja pensiones por discapacidad".

El inciso F establece que para acceder a la pensión, ni la persona que la solicita ni su cónyuge pueden estar amparados "por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva", mientras que el H indica que tampoco puede "poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia".

"Busco que una ley del Congreso derogue un decreto reglamentario a los fines de evitar recursos administrativos y acciones judiciales que relenticen el otorgamiento de los derechos", sostuvo la senadora nacional por Santa Fe, a través de un comunicado.

Y agregó: "En los últimos meses ha sido alarmante la cantidad de argentinos que cobraban pensiones no contributivas cuyos beneficios han sido dados de baja debido a una interpretación exagerada del Ministerio de Desarrollo Social".

Sacnun afirmó que "esta decisión del Gobierno nacional tiene una incidencia altamente negativa en la población, no sólo porque se le quitan ingresos genuinos que poseían, sino porque también se les impide la posibilidad de contar con la afiliación ante el PAMI".

El proyecto plantea que "el Poder Ejecutivo deberá ajustar el dictado de la normativa para la tramitación de pensiones no contributivas a las normas establecidas en la Convención de los Personas con Discapacidad y en la Convención Interamericana sobre los Derechos de Adultos Mayores".

Por su parte, Linares presentó un proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo que derogue el decreto 432/97 "por el cual se establecen condiciones de indigencia como requisito a ser beneficiario de las pensiones por invalidez, contradiciendo lo establecido en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 26.378".
"Sostenemos que posicionar a las personas con discapacidad como objetos de asistencialismo (vinculado a la pobreza y a la indigencia) y no como sujetos de derechos, tal como lo define el Decreto 432/97, es violatorio de nuestra legislación y debe ser revertido inmediatamente derogando el mismo", expresó el senador.

Por su parte, el exgobernador y actual diputado nacional por La Rioja, Luis Beder Herrera, se sumó a las críticas: "Cambiemos le sigue dando la espalda a la gente y, especialmente, a los que más necesitan, con medidas que afectan seriamente la vida de estas personas".

Beder Herrera remarcó que "este es el rumbo que decide llevar adelante Macri; un camino que no sólo pone en jaque el federalismo en relación a las provincias, como lo viene haciendo con La Rioja, sino que también muestra la falta de sensibilidad de quienes representan el poder en Argentina". "Macri gobierna para un único sector, para el núcleo, y está cada vez más lejos de los desprotegidos", finalizó el exgobernador.

En tanto, el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (Ufises), Gabriel de Vedia, cuestionó la quita de pensiones no contributivas por invalidez y señaló que la decisión oficial "no es legal".

"Estamos hablando de personas que están en una condición de vulnerabilidad estructural. El término estructural es importante tenerlo en cuenta porque no es solamente vulnerabilidad, es muy difícil escapar de una situación de desprotección social, de un aislamiento que prácticamente los excluye del beneficio de bienes que gran parte de la población tiene", sostuvo en declaraciones a Futurock.

De Vedia explicó que las pensiones se enmarcan "en el campo de los derechos sociales, culturales, económicos". "Hay que verlo con una mirada de carácter progresivo: siempre hacia adelante y nunca hacia abajo", apuntó.

"La pensión no contributiva corresponde a mujeres solteras con más de siete hijos, personas con una invalidez acreditada y personas que nunca habían hecho aportes y tienen más de 70 años. Muchas personas que estaban cobrando este beneficio, cuando fueron a cobrar a sus cajeros, no tenían la plata depositada. Les fueron dando de baja sin previo aviso, sin un mínimo respeto por el derecho de defensa", cuestionó De Vedia.

A su vez, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, salió a criticar con dureza la decisión del Gobierno al considerar que "apelan a tecnicismos menores para dejar sin derechos a los más vulnerables".

El jefe comunal consideró que en busca de achicar el déficit fiscal, el Gobierno "apela a las viejas recetas del FMI" para "ajustar entre los que necesitan una ayuda para satisfacer necesidades básicas".

El intendente recordó la campaña presidencial donde "nos prometieron cambiar pasado por futuro" y sostuvo que "Macri y sus políticas revierten los derechos adquiridos por los sectores más vulnerables".

Además, a través de un proyecto legislativo firmado por los diputados nacionales Sergio Massa, Mirta Tundis, Cecilia Moreau, Carlos Selva, Elia Lagoria y Agustín Calleri, el bloque legislativo del Frente Renovador-UNA, integrantes del espacio de unidad "1País", expresaron su rechazo y profunda preocupación ante la decisión del Ministerio de Desarrollo Social

Esto sucede a la par de que Cambiemos se negara esta tarde a debatir en la Comisión de Discapacidad del Congreso, sin dar quórum, donde se buscaba dar "urgente tratamiento" a proyectos relacionados con la quita de pensiones no contributivas a personas con discapacidad. 

"En medio del Dietazo, hacen recortes en sectores de gran vulnerabilidad social. Parece que buscan generar desprecio hacia la clase política", sostuvo la diputada nacional por el Frente Renovador, Cecilia Moreau. 

"Esta medida es contraria a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en 2014 adquirió jerarquía constitucional. El Estado está violando los derechos establecidos en nuestra carta magna", continuó la legisladora. 

Por el mismo tema, los diputados del Bloque Justicialista pidieron por iniciativa del salteño Pablo Kosiner que se cite a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, a presentarse ante la comisión de Discapacidad "para informar sobre la cantidad de pensiones no contributivas correspondientes a personas con discapacidad dadas de baja desde el 10 de diciembre de 2015, discriminadas por mes".

En una nota dirigida al presidente de la Comisión, José Ciampini, los legisladores piden además que la Ministra informe si están aplicando desde el mes de junio el decreto 432 que dictaminó Carlos Menem en 1997 para disminuir las pensiones graciables otorgadas a personas con invalidez.

"Motivan el presente pedido, las circunstancias de que eventuales limitaciones al acceso a las pensiones por discapacidad pudieran vulnerar derechos adquiridos; y, en especial, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que cuenta con jerarquía constitucional desde 2014, que reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derecho", expresa la nota.

Pablo Kosiner, impulsor de la iniciativa, destacó que "la baja de pensiones por invalidez marca un nuevo retroceso en las políticas de derechos humanos. Las políticas de ajuste para achicar el déficit fiscal no pueden afectar a los más vulnerables y como legisladores debemos trabajar para defender sus derechos".

El pedido fue presentado este mediodía a Ciampini y lleva, además de la firma de Kosiner, las firmas de Oscar Romero, Luis Beder Herrera, Teresita Madera, Sergio Ziliotto, Guillermo Snopek, Javier David, Evita Isa, Gustavo Fernández Mendía, Néstor Tomassi, Héctor Tentor, Oscar Macías y Carlos Rubín.

También se expresó el candidato a diputado por la Ciudad del Frente de Izquierda, Marcelo Ramal, se pronunció respecto al recorte de las pensiones por discapacidad y dijo: "Sin siquiera informarlo, el gobierno dio de baja en los primeros días de junio los míseros 4.776 pesos de pensión que pagaba a 16.457 discapacitados. En total suman 83 mil pensiones canceladas en lo que va del año. Al hacerlo sin ningún estudio de condiciones socio-ambientales de vida o estado de salud física y psíquica, evidencia que lejos de buscar combatir el "clientelismo", ha recortado pensiones a sus legítimos y necesitados beneficiarios en plan de "ahorrar" 350 millones de pesos y reducir el déficit fiscal, descargando sobre uno de los sectores sociales más vulnerables, el costo de la crisis."

"Por otra parte, el gobierno dice que quita los subsidios a quienes "pueden trabajar", pero no crea ni ofrece los puestos de trabajo necesarios, descargando sobre las familias o conyúges mayores costos y aumentando la dependencia de las personas con discapacidad, a quienes corresponden personalmente las pensiones."

Fuente: Ámbito Financiero

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